El pasado lunes 16 de mayo, México cruzó el umbral trágico de las cien mil personas desaparecidas, en base de una contabilidad que se inició en marzo de 1964, según el registro que a partir de entonces lleva la Secretaría de Gobernación.

Es una tragedia, reitero, porque la cifra duplica o triplica las que reconocen otros países latinoamericanos que han padecido guerras civiles, violencia permanente del narco, gobiernos totalitarios y atroces periodos de guerra sucia contra su población, como eventualmente pueden ser Guatemala, Colombia o Argentina.

Cien mil personas, de todos los géneros y todas las edades, de las que se desconoce su paradero porque a lo largo de años, incluso décadas, ni siquiera sus restos han podido ser localizados. Personas que un día están y al otro se esfuman, sin que las instituciones de seguridad, generalmente hundidas en la simulación, la colusión con las bandas criminales y la desbordada impunidad, sean capaces de dar una respuesta creíble o por lo menos coherente.

Ningún gobierno ha sido capaz siquiera de contener este lacerante fenómeno, que agravia profundamente a decenas de miles de familias. Cuando detona la violencia irracional de las bandas criminales ligadas al narco, en la segunda mitad del gobierno de Vicente Fox, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reportaba apenas 854.

Vino después la declaratoria de guerra contra los cárteles por parte de Felipe Calderón y la cifra crece exponencialmente a 17 mil, después, con Enrique Peña Nieto se duplica a más de 35 mil y ahora con López Obrador, de enero de 2019 a la fecha, ya se han registrado casi 31 mil personas desaparecidas, por lo que, si se continúa a este ritmo, a finales de sexenio habrá más de 60 mil.

En todos los estados del país, sin excepción, hay desapariciones. Estadísticamente se registran más en los que están permanentemente en disputa por su ubicación estratégica o de producción de estupefacientes, pero en realidad las personas pueden desaparecer en cualquier lugar del territorio nacional. Esto, sin atender su condición socioeconómica, ni ningún otro factor.

Adicionalmente, las desapariciones están asociadas con otro delito terrible: el feminicidio. Y generalmente, si hay un crimen que quede totalmente impune en México, es precisamente ese. La larguísima lista de los nombres de las víctimas quedará solo en el recuerdo de sus familiares, porque más allá, jamás habrá justicia para ellas.

Por parte de los gobiernos, lo de siempre. Mucha retórica, pero no se aprecia ninguna estrategia efectiva para abatir este delito, que genera la sensación en el ciudadano de vivir en la total indefensión.

VAYA ridículo el que hicieron las corporaciones policiacas del estado a cargo de la investigación del asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Yohanna García Olivera, ocurrido hace unos días en Cosoleacaque, al ubicar y detener a un joven como presunto implicado en esa acción criminal, tomando como base de su muy perfeccionada investigación nada más su nombre.

Lógicamente, cuando esa persona resultó ser simplemente un homónimo de quien trataban de capturar, ya no supieron qué hacer y por supuesto, lo único que hicieron fue recurrir a justificaciones que francamente daban risa.

Esta pifia puso de relieve la premura y precipitación con las que están actuando las autoridades, a quienes supuestamente les urge resolver el caso para “hacer justicia con cero impunidad”, tal como divulgan.

Las homonimias son comunes en los procesos judiciales, por lo que se cometió un error elemental, aunque el gobernador García diga lo contrario. Por cierto, Cuitláhuac también se apresuró a decir que quienes ejecutaron esa fallida detención no fueron sus muchachos de las corporaciones estatales, sino los elementos de la Comisión Nacional Antisecuestro (CONASE), que no entiendo muy bien qué hacen interviniendo en un caso como este, pues se trata de un homicidio, no de un plagio. Si alguien, entre el amable público lector me puede ilustrar al respecto, ojalá lo haga.

Todo esto que ha sucedido, revela el desaseo con el que se está actuando en torno a la investigación, pues pareciera que se prepara el hoyo para cocinar un sabroso chivo expiatorio que resulte apropiado para aparentar que se hizo justicia y darle carpetazo al asunto, tal y como se hacía en aquellos tan odiados tiempos neoliberales.

Por lo demás, siempre es patético observar los balbuceos cantinflescos de un gobernador que nunca ha sido eficaz para darle seguridad a su pueblo y cuya verborrea sólo termina convenciendo a sus ya de por sí radicales seguidores.