Córdoba, Ver.- Jubilados del ingenio San Miguelito presentaron una denuncia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiéndole se investigue el daño a obreros azucareros a quienes les quitaron sus derechos además de ordenar que la dirigencia nacional del STIASRM rinda cuentas del Fideicomiso de previsión social para jubilados y del dinero de la venta de bienes propiedad del sindicato nacional y del usufructo de otros.

La denuncia fue presentada ante Presidencia de la República el pasado 28 de junio del presente año y en ella se señalan graves acciones que han afectado en su patrimonio y pensiones a cientos de trabajadores jubilados.

En la misma indican como antecedente que en el año 2017, el entonces secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, Adrián Sánchez Vargas, ya fallecido, sin consultar a la base incluyó con la empresa una nueva modalidad llamada Pago Anticipado de la Pensión.

En la misma se establecía que el obrero para jubilarse podía optar por recibir su pensión mensual de forma vitalicia o pedir el pago anticipado de ella al 100, 75, 50 o 25 por ciento de acuerdo a como lo deseara extinguiéndose el derecho a la pensión mensual en la misma proporción que comprendiera el pago anticipado.

En el año 2008, en la firma del convenio de revisión integral del contrato ley, sindicato y empresa pactan la creación de un fondo en fideicomiso para obtener beneficios de previsión social a extrabajadores que tenga dictamen favorable de jubilación vitalicia. Este fondo se creó con un capital de 35 millones de pesos que se iría incrementando.

No obstante, el otrora dirigente nacional Adrián Sánchez Vargas el 17 de diciembre de 2008 solicitó a la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera conformada por los dueños de los ingenios del país, que se excluyera del beneficio del fondo de previsión social a todos los jubilados que optaran por el pago anticipado de la pensión.

La CNIAA respondió a este oficio en enero de 2009 argumentando que la solicitud del dirigente nacional de los azucareros representaba una práctica discriminatoria prohibida en la Constitución.

Para resolver este impedimento el Comité Ejecutivo Nacional del STIASRM modificó los estatutos en su artículo 61 y por ello los industriales no tuvieron objeción en firmar el acuerdo.

Sindicato y empresas cambiaron de forma arbitraria el reglamento de jubilaciones.

Los jubilados de la Sección 26 a través del trabajador retirado Silverio Tejeda recalca:

“Nos quitaron el derecho a voz y voto; al beneficio del pago del bono de previsión social; al derecho de recibir dos bultos de azúcar cada año; los derechos que tenemos sobre el patrimonio sindical; el derecho a ser informados y a exigir rendición de cuentas de los manejos financieros y administrativos de nuestro sindicato”.

Los jubilados del ingenio San Miguelito precisan:

“Desconocemos el destino del dinero que se deja de pagar a los que optamos por el pago único. El actual secretario general que también es secretario de finanzas debe rendir cuentas”.

En la denuncia entregada en Presidencia de la República se recalca que “la cúpula en el poder del sindicato ha puesto a la venta la empresa Covintec de Veracruz, ubicada en Tejería y el predio El Oasis, ubicado en Potrero, municipio de los Reyes”.

“Actualmente están impugnadas tanto la toma de nota del CEN como la modificación a los estatutos”.

“Parte de los representantes del sindicato que causaron este daño a nuestros derechos colectivos han fallecido. Otros como es el caso de Lorenzo Pale Mendoza quien se ha autonombrado Secretario General y al mismo tiempo Secretario de Finanzas”.

“Entregamos nuestra vida laboral a ingenios que en complicidad con el CEN del sindicato azucarero han causado grave daño a nuestras conquistas. Han vendido las propiedades y patrimonio de nuestro sindicato sin personalidad jurídica para hacerlo”.

En base a todo esto los trabajadores jubilados del ingenio San Miguelito y de otras secciones del país, entre ellas la 23 del ingenio El Potrero solicitan al presidente López Obrador ordene una investigación a fondo y se castigue a los responsables además de restituir los derechos eliminados a quienes han laborado por años en las factorías azucareras del país.