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Denuncian a fiscal de Zongolica por presunta coacción en entrega ilegal de menor

*La CEDH investiga posible abuso de autoridad en agravio de una mujer indígena

Zongolica, Ver.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz, a través de su Delegación Étnica con sede en Zongolica, investiga una denuncia presentada contra la Fiscal Segunda Especializada de esta demarcación, señalada por presunta coacción e intimidación en perjuicio de una mujer indígena a la que habría obligado a entregar a su nieto menor de edad sin contar con orden judicial.


De acuerdo con el delegado étnico Jácome Norberto Lara García, la queja fue presentada por la señora Martha Elena Hernández Olivares, quien denunció que, durante una comparecencia ante la Fiscalía, el pasado 1 de octubre, fue presionada para entregar al niño de apenas dos años y medio a su madre biológica, sin que existiera un procedimiento civil de custodia. “La señora acudió sin abogado, porque no había cometido delito alguno. Sin embargo, la fiscal abusó de su autoridad y la coaccionó a firmar documentos para entregar al menor”, expuso Lara García.


El caso fue registrado con el número de expediente ZON 379/2025 y ya fue remitido a las oficinas centrales de la CEDH en Xalapa. Será la Unidad de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes la encargada de requerir un informe a la Fiscalía General del Estado (FGE) y determinar si existió violación a derechos humanos.


El funcionario explicó que el procedimiento legal correcto, en estos casos, debió realizarse ante un juzgado civil, nunca por instrucción directa del Ministerio Público. Además, subrayó que, si la ciudadana no contaba con recursos para contratar un abogado, la fiscal tenía la obligación de detener la diligencia y asignarle un defensor público. “No se le debió dejar sola; la autoridad ministerial debió garantizarle su derecho a una defensa adecuada”, insistió.


Finalmente, Lara García lamentó que en regiones indígenas aún se presenten actos arbitrarios y decisiones fuera del marco legal. “Desafortunadamente, todavía existen prácticas que vulneran los derechos de las mujeres y de los menores. La ley debe aplicarse con justicia y respeto, sin distinción alguna”, concluyó.

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