Orizaba, Ver.- Representantes de diversas cámaras empresariales de la región Orizaba–Córdoba expresaron su rechazo al posible proyecto de reinstalar casetas de cobro en la autopista México–Veracruz, en el tramo comprendido entre Cecilio Terán en Nogales y el entronque del trébol de Orizaba.
En conferencia de prensa, encabezada por la presidenta de la cámara nacional de comercio en Orizaba y Ihalí Saldaña, se dio a conocer la preocupación del sector productivo ante la información recibida recientemente sobre la intención de retomar dicho proyecto, originalmente presentado en 2022 por el entonces gobernador Cuitláhuac García y una empresa.
En el encuentro participaron también José Manuel Gutiérrez Nieto, presidente de Canaco Servytur Córdoba; José Gilbert Peña, presidente de Canacar Orizaba; Enrique Guillomén Maldonado, presidente de Coparmex Orizaba; Ángel Hernández, representante de Canacintra Córdoba y el ingeniero Luis Enrique Contreras Reyes, presidente de la Canacintra Orizaba, entre otros líderes empresariales.
Como invitado especial estuvo el ingeniero Raúl Martínez Macedo, actual director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Orizaba, quien explicó los impactos técnicos y sociales que implicaría la reinstalación de las casetas, detallando que el proyecto no sólo reactivaría un problema ya superado,
sino que generaría afectaciones severas a la movilidad regional y a la economía de los municipios conectados por esta vía. “Este proyecto pretende resolver un problema de saturación vehicular que ya no existe. Reinstalar casetas de cobro afectaría a usuarios, transportistas e industrias de al menos doce municipios, entre ellos Maltrata, Nogales, Río Blanco, Ciudad Mendoza, Huiloapan, Ixhuatlancillo, Rafael Delgado, Mariano Escobedo, La Perla y Orizaba”.
De acuerdo con el documento técnico presentado por Martínez Macedo, la obra supondría un riesgo estructural y operativo debido a la compleja infraestructura que cruza el derecho de vía de la autopista, donde se alojan ductos de Pemex, instalaciones de CFE, Telmex, el acueducto Nogales–Córdoba y sistemas de drenaje. Además, implicaría la modificación de 19 estructuras y puentes que conectan a comunidades y zonas industriales, lo que provocaría un severo entorpecimiento vial.
El funcionario recordó que, tras los estudios realizados en 2022, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Gobierno Federal determinaron retirar la caseta de Fortín como medida definitiva para resolver los congestionamientos vehiculares. “Volver a colocar casetas sería revivir una problemática social y económica que ya se había resuelto”, puntualizó.
Los representantes empresariales acordaron solicitar una reunión formal con la SICT y Capufe, así como con autoridades estatales, federales y organismos técnicos, para exigir claridad sobre el supuesto nuevo proyecto y expresar su postura de rechazo. “La región no puede permitirse un retroceso en su conectividad ni afectar la competitividad de nuestras industrias”, concluyeron los líderes empresariales.
