Reconocen la intención del Gobierno, pero piden apoyo a los pequeños concesionarios ante los altos costos
Orizaba, Ver.– Tras la publicación del decreto que establece el Programa de Modernización del Sistema de Transporte Público en Veracruz, representantes del sector reconocieron los beneficios que podría traer esta medida, aunque advirtieron que los altos costos de inversión podrían dejar fuera a los pequeños concesionarios.
El representante de Transporte Cerritos en Orizaba, Alfredo García, consideró que el decreto impulsado por la gobernadora Rocío Nahle García es un paso importante hacia la mejora del servicio, pero insistió en que el Gobierno del Estado debe garantizar condiciones justas para todos los prestadores, especialmente para los más pequeños.
“Vemos favorable que el Gobierno esté pensando en los transportistas, pero es importante conocer las bases del programa, sobre todo las formas de pago. Estamos hablando de inversiones de hasta tres millones de pesos por unidad, y con la situación actual, apenas alcanzaría para cubrir una letra”, explicó.
El representante, quien también forma parte de la Coalición de Transportistas del Estado, subrayó que modernizar las unidades y mejorar la calidad del servicio son objetivos compartidos por el gremio; sin embargo, recordó que desde hace más de 11 años no se autoriza un incremento en la tarifa del pasaje, mientras que los insumos y el combustible se han disparado.
“Estamos de acuerdo en ofrecer un servicio digno y moderno, pero también pedimos que las autoridades revisen las tarifas y consideren la realidad económica de los pequeños empresarios del transporte. A veces estos programas terminan beneficiando solo a quienes ya están consolidados, dejando desprotegidos a los más vulnerables”, agregó.
García adelantó que su organización mantendrá comunicación constante con las autoridades y con el Fideicomiso Público, encargado de la aplicación del programa, para buscar condiciones de acceso equitativas.
El nuevo decreto, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 31 de octubre, establece que los actuales documentos oficiales de concesión serán reemplazados por nuevas acreditaciones, y que todos los prestadores deberán adherirse al Fideicomiso para participar en la modernización.
El programa entró en vigor el 1 de noviembre en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, y se extenderá progresivamente a 48 municipios, entre ellos Orizaba, Ixtaczoquitlán, Río Blanco, Ixhuatlancillo, Atzacan, Córdoba y Nogales.





















