Orizaba, Ver.- La indignación y el hartazgo crecen entre los trabajadores de confianza de la Universidad Veracruzana (UV) ante la falta de pago del retroactivo salarial correspondiente a la renivelación, que debió aplicarse desde hace meses y que hasta el momento sigue sin cumplirse.
Los trabajadores, quienes pidieron permanecer en anonimato por temor a represalias, señalaron que la Universidad se ha limitado a deslindarse de la situación, declarando que “no es un problema de la Universidad” y responsabilizando al Gobierno Federal por la falta de recursos, sin embargo, aseguran que esta explicación ya no es suficiente, pues no hay fechas, documentos oficiales ni claridad, y sobre todo, no hay responsables visibles.
El personal de confianza de la región Orizaba-Córdoba, al igual que él de las demás del estado, esperaba recibir este pago durante la segunda quincena de noviembre; sin embargo, no llegó, y hasta el momento la secretaria general de la AFECUV, Martha Herrera Hernández, no ha ofrecido ninguna explicación.
Según los afectados, la Federación estaría destinando incrementos únicamente a los salarios más bajos, dejando fuera a cientos de trabajadores que esperan recibir el retroactivo que les corresponde por derecho, mientras que el personal sindicalizado ya recibió este pago en agosto, el de confianza quedó en el desamparo.
La Universidad, por su parte, no ha transparentado avances concretos, limitándose a señalar que el tema se atiende dentro de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), organismo al que pertenece la Asociación de Funcionarios y Empleados de Confianza de la UV (AFECUV), sin mostrar resultados ni compromisos claros.
Ante esta situación, los trabajadores cuestionan la actuación de las máximas autoridades de la UV: ¿Dónde está el Rector? ¿Dónde está la Secretaría de Administración y Finanzas? ¿Quién defiende y garantiza los derechos laborales del personal universitario?
Los afectados advierten que este retraso ya no se percibe como un simple problema administrativo, sino como una falla institucional que deja desamparado al personal que sostiene las funciones esenciales de la universidad. Por ello, exigen transparencia, responsabilidad y el pago inmediato del retroactivo.