Orizaba, Ver.- La Iglesia católica en la región de Orizaba fijó una postura de cautela frente a la situación que prevalece en Venezuela, al considerar que resulta prematuro emitir juicios definitivos y que no corresponde a la institución eclesiástica asumir un papel de señalamiento político directo.
Así lo expresó el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, quien subrayó que la evaluación de los hechos y la eventual emisión de resoluciones debe recaer en los organismos internacionales facultados para ello, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Internacional de Justicia y la Organización de Estados Americanos (OEA).
“El papel de la Iglesia no es juzgar, sino llamar a la reflexión. Existen instancias internacionales que tienen la responsabilidad de analizar estas acciones, emitir dictámenes y, en su caso, establecer recomendaciones conforme al derecho internacional”, señaló.
Enríquez Báez reconoció que la coyuntura venezolana se desarrolla en un contexto geopolítico complejo, donde la participación de potencias como Estados Unidos no resulta un hecho aislado, pues dijo existen antecedentes de intervenciones similares en regiones como Medio Oriente, así como en países de América Latina y Centroamérica, como Nicaragua.
No obstante, indicó que dichas acciones suelen justificarse bajo el argumento de la defensa de la soberanía o de intereses estratégicos, aunque advirtió que la opinión internacional permanece dividida, dependiendo de las líneas políticas e ideológicas que siguen los distintos gobiernos.
“El posicionamiento de los países ha sido diverso; algunos han emitido comunicados a favor, otros en contra. Esta división evidencia que el tema debe abordarse desde los canales multilaterales y no desde posturas unilaterales”, puntualizó.
Finalmente, el vocero diocesano reiteró que corresponderá a la ONU, la Corte Internacional y la OEA determinar las acciones necesarias para atender la situación venezolana, siempre en apego al derecho internacional y priorizando la paz, el respeto a la soberanía y el bienestar de la población civil.
