Santa Ana, Ver.— Lo que fue presentado como una obra concluida y funcional hoy genera alarma entre la población. A solo un mes de haber sido inaugurada, la rehabilitación del Puente Remolino comenzó a mostrar fallas estructurales evidentes, situación que ha encendido la preocupación de habitantes y usuarios habituales de esta vía de comunicación.
La infraestructura, entregada durante la administración municipal encabezada por Mario Alberto Vargas Amador, es utilizada diariamente por más de 500 conductores y constituye un punto clave de conexión entre la cabecera municipal y comunidades como Dos Ríos, La Sidra, El Rincón y Eco Parque, además de ser paso obligado.
De acuerdo con los pobladores, el deterioro del puente es visible a simple vista. Grietas en la estructura, trabes con deformaciones y desprendimiento de concreto han dejado expuesto el acero de refuerzo, el cual ya presenta signos de oxidación, pese a tratarse de una obra recientemente rehabilitada y oficialmente entregada como terminada a finales de 2025.
“Es evidente que algo no se hizo bien. No se requiere conocimiento técnico para notar que la estructura está dañada”, señaló Luis, ejidatario de la zona, quien agregó que los habitantes buscan conocer el costo real de la obra y exigir responsabilidades tanto a las autoridades como a la empresa ejecutora.
El caso del Puente Remolino ha abierto un debate más amplio entre los comuneros, quienes cuestionan la calidad de los trabajos realizados durante el último año del periodo administrativo 2022–2025. Entre las dudas planteadas se encuentra si se utilizaron materiales adecuados, si los procesos de contratación se realizaron bajo esquemas de licitación transparentes o si existieron irregularidades en la asignación de recursos.
Ante el riesgo que representa la estructura, los habitantes advirtieron que solicitarán a las autoridades municipales actuales un dictamen técnico que determine si es seguro el tránsito de unidades con cargas que oscilan entre 8 y 12 toneladas, ya que el puente es utilizado de manera constante para actividades productivas.
Los inconformes coincidieron en que resulta inaceptable que una obra de reciente intervención presente un deterioro tan acelerado, por lo que exigieron que la administración anterior y la empresa constructora respondan por las condiciones del puente y garanticen la seguridad de quienes transitan diariamente por esta vía.





















