Aquila, Ver.– Ante la Fiscalía del Distrito XV fue presentada una denuncia penal en contra de una funcionaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal de Aquila y dos integrantes de su familia, luego de una presunta agresión física y verbal registrada durante las festividades del Día de la Candelaria, hecho que ha generado señalamientos de posible encubrimiento por parte de autoridades locales.

Dos ciudadanas acusaron a quien identifican como la nueva directora del DIF municipal, Teresa Suárez Gerbacio, así como a su hija Daniela Garduño y a su padre Alberto Garduño, por los presuntos delitos de lesiones, amenazas y violencia de género. Debido a que una de las señaladas es servidora pública en activo, las denunciantes exigieron que la investigación sea turnada a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, a fin de garantizar imparcialidad y evitar cualquier tipo de influencia política.

De acuerdo con el testimonio de las afectadas, los hechos ocurrieron la noche del pasado 2 de febrero en el recinto ferial donde se desarrollaba la Fiesta de la Candelaria. Señalaron que mientras caminaban por el lugar fueron increpadas sin motivo aparente con palabras altisonantes por Teresa Suárez y su hija, y que al intentar mediar la situación fueron agredidas físicamente.

La denuncia quedó radicada bajo el expediente 107/2026 en la Fiscalía del Distrito XV Judicial, con sede en Nogales, y detalla un hecho considerado de mayor gravedad: el señor Alberto Garduño, lejos de intervenir para separar a las involucradas, presuntamente se sumó a la agresión golpeando a las víctimas con un cinturón. Como pruebas, las denunciantes presentaron la hebilla del cinturón, que contiene las iniciales del presunto agresor, así como certificados médicos que acreditan las lesiones sufridas.

Una de las denunciantes aseguró que, pese a solicitar auxilio durante la agresión, las autoridades municipales presentes no actuaron para detener los hechos. Por el contrario, afirmó que por instrucciones directas de la alcaldesa, las presuntas agresoras fueron resguardadas en las instalaciones del Palacio Municipal, lo que impidió su detención en flagrancia. “Lejos de aplicar la ley en el momento de los hechos, se les protegió, aun cuando la agresión ocurrió frente a varios testigos”, denunció.

Ante lo que consideran un intento de encubrimiento a nivel local, las víctimas hicieron un llamado público a la Fiscalía General del Estado y a la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, para que el caso sea atraído por instancias imparciales y no quede en la impunidad, al tratarse de hechos que involucran a una funcionaria pública y posibles abusos de poder.