Excepción a la tauromaquia entra en conflicto con la Constitución de Veracruz

Ixhuatlancillo, Ver.— La Feria de la Candelaria en Ixhuatlancillo derivó en una fuerte polémica luego de que, durante una corrida de toros, al menos tres animales fueran sacrificados públicamente, con la presencia y celebración del alcalde José Manuel González Nicolás, emanado del Partido del Trabajo (PT), hecho que ha sido calificado como una presunta violación a la legislación federal y al marco jurídico en materia de bienestar animal.

Los hechos ocurrieron el sábado 7 de febrero, cuando los toros fueron privados de la vida frente a decenas de asistentes que exigían al torero culminar el acto. Tras la muerte de uno de los animales, se le cortaron ambas orejas como trofeo, acción que fue celebrada por parte del público. El evento fue transmitido en vivo durante 37 minutos desde la página oficial del Ayuntamiento, sin restricción alguna.

La escena provocó indignación social, al considerarse un acto de crueldad extrema que contradice el marco legal vigente en Veracruz, donde los animales son reconocidos como seres sintientes, con capacidad de sentir dolor, miedo y sufrimiento.

Desde el 29 de enero de 2026, la Constitución del Estado de Veracruz establece de manera expresa la obligación de las autoridades de garantizar la protección, el bienestar y el trato digno hacia los animales, así como de prevenir cualquier forma de maltrato o crueldad. A ello se suma el Código Penal y la legislación en materia de protección animal, que contemplan sanciones administrativas y penales por causar daño o sufrimiento innecesario a un animal.

Aunque la Ley de Protección a los Animales en Veracruz contempla una excepción para los espectáculos de tauromaquia, especialistas y activistas advierten que dicha exclusión entra en tensión directa con la reforma constitucional estatal, al tratarse de una norma de mayor jerarquía jurídica. Esta contradicción, señalan, abre la puerta a posibles responsabilidades legales y administrativas, particularmente cuando la autoridad municipal no solo permitió el acto, sino que lo avaló públicamente.

Además, organizaciones defensoras subrayan que el caso podría configurar una presunta violación a la legislación federal, al contravenir principios generales de protección animal reconocidos en criterios judiciales, tratados internacionales y reformas constitucionales que obligan al Estado mexicano a prevenir actos de crueldad.

Pese a la gravedad de los hechos, el Ayuntamiento de Ixhuatlancillo no ha informado bajo qué permisos, normas sanitarias o fundamentos legales se autorizó el sacrificio de los toros, ni si existió supervisión de alguna instancia estatal o federal competente. No existe hasta ahora comunicado oficial ni explicación pública por parte del gobierno municipal.

El episodio cobra mayor relevancia en el contexto nacional, donde el rechazo a la tauromaquia se ha intensificado. Desde 2013, diversas entidades del país han prohibido las corridas de toros; en 2022, un juez federal suspendió estos espectáculos en la Ciudad de México, y en marzo de 2025 el Congreso capitalino reformó su legislación para prohibir expresamente la violencia y la muerte del toro en espectáculos públicos, en concordancia con el reconocimiento de los animales como seres sintientes.

Organizaciones defensoras de los animales y pobladores del municipio reprocharon no solo la realización del evento, sino la presencia activa del alcalde, quien aplaudió el espectáculo. Señalaron que una feria patronal debe ser un espacio de convivencia familiar, no un escenario donde se normalice la violencia.

“No fue omisión ni desconocimiento: fue aval político”, resumieron ciudadanos inconformes, quienes cuestionan la congruencia entre la actuación del presidente municipal, el discurso de bienestar animal que promueve su partido y el marco constitucional vigente.