´+ No hay hoja de ruta para atender dictamen de la Corte Internacional de Derechos Humanos
Orizaba, Ver.- A dos meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia por el caso de Ernestina Ascencio Rosario, el Estado mexicano no ha presentado una hoja de ruta para cumplir las medidas ordenadas, denunciaron familiares y organizaciones acompañantes.
El fallo, emitido el 16 de diciembre de 2025, responsabiliza internacionalmente al Estado por las violaciones cometidas contra Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl de 73 años, originaria de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, quien fue abusada sexualmente y sometida a tortura por integrantes del Ejército mexicano en 2007. De acuerdo con lo acreditado en el proceso internacional, las agresiones, sumadas a la falta de atención médica adecuada y oportuna, derivaron en su muerte.
Desde el día siguiente a la notificación de la sentencia, las organizaciones litigantes solicitaron formalmente al Estado un plan con acciones concretas, cronograma y responsables definidos para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte. Sin embargo, hasta ahora no existe una propuesta oficial. Esta omisión, advirtieron, retrasa el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación integral para la familia, y coloca en riesgo el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México.
La resolución fue considerada histórica al establecer no sólo la responsabilidad por la agresión sexual, tortura y muerte de la mujer indígena, sino también por la intervención indebida de altas autoridades que contribuyeron a la impunidad, así como por las barreras lingüísticas y la discriminación por razones de género, etnia y edad que impidieron un acceso real a la justicia. La Corte determinó que estas acciones vulneraron además el derecho a la verdad de sus familiares y de la sociedad.
Entre las medidas ordenadas se encuentran la realización de una investigación penal exhaustiva para identificar, procesar y sancionar a los responsables; atención médica, psicológica y/o psiquiátrica a los familiares; un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; programas de capacitación a funcionarios públicos; el fortalecimiento del Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa y la creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
El pronunciamiento fue suscrito por Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C., Kalli Luz Marina A.C., Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Robert F. Kennedy Human Rights y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
A 19 años de los hechos, la familia de Ernestina Ascencio sostiene que la sentencia representa un avance en el reconocimiento de la verdad, pero subraya que la falta de una hoja de ruta concreta impide traducir el fallo en acciones reales. Mientras no exista un plan público con metas claras y plazos definidos, el cumplimiento integral permanece pendiente. La verdad ha sido reconocida en el ámbito internacional; ahora, insisten, corresponde al Estado mexicano convertir esa resolución en justicia efectiva.
