Orizaba, Ver.- Integrantes de la Colectiva Violencia Vicaria Orizaba denunciaron que la falta de personal especializado, la burocracia institucional y la ausencia de albergues en la ciudad dificultan que mujeres víctimas de violencia vicaria puedan acceder a la justicia y recuperar a sus hijos.
En entrevista, las activistas señalaron que muchas madres enfrentan denuncias falsas por violencia familiar o abandono, interpuestas por sus exparejas como parte de la violencia vicaria, una forma de agresión en la que se utiliza a los hijos para dañar emocionalmente a la madre. “Seguimos enfrentando denuncias falsas por todo tipo de situaciones, como violencia familiar o que supuestamente no cuidamos a nuestros hijos”, expusieron integrantes del colectivo.
A esta situación se suma la falta de personal con perspectiva de género en las instituciones encargadas de atender estos casos. Según denunciaron, el Sistema DIF Municipal de Orizaba cuenta únicamente con dos psicólogas para atender los peritajes y evaluaciones que requieren los procesos legales relacionados con violencia familiar y custodia de menores. “¿Qué van a hacer dos psicólogas contra cientos de casos de violencia vicaria?”, cuestionaron.
Las activistas también señalaron que, aunque ya se abrió el Protocolo Especial de Atención de Casos de Violencia Familiar (PEcoFAM), los procesos continúan siendo lentos y complicados. Explicaron que cuando el agresor no presenta a los menores en audiencias o convivencias supervisadas, el trámite debe iniciarse nuevamente, lo que retrasa aún más los casos.
Además, denunciaron que Orizaba no cuenta con albergues para mujeres que huyen de contextos de violencia, lo que obliga a muchas a permanecer en entornos de riesgo o enfrentar obstáculos burocráticos para poder denunciar. “A veces llegamos con los niños en brazos, en chanclas, sin nada. Y nos dicen que necesitamos el INE, copias del acta de nacimiento de los hijos, copias del CURP. Entonces nos preguntamos: ¿cuándo nos van a tomar la denuncia?”, expresaron.
Incluso cuando la denuncia se presenta, los procesos pueden prolongarse durante meses debido a la saturación de Servicios Periciales, donde las evaluaciones psicológicas necesarias para los juicios tienen agendas llenas por largos periodos. “Hasta dentro de meses podemos acceder a una psicóloga que verifique que estamos siendo víctimas de violencia”, señalaron.
Debido a estos retrasos, los procesos judiciales pueden extenderse durante años. Integrantes del colectivo aseguraron que existen casos de madres que llevan tres, cinco e incluso hasta nueve años luchando legalmente para recuperar a sus hijos o evitar que sigan siendo utilizados como medio de agresión.
A esta problemática se suma la violencia digital, ya que algunos agresores utilizan redes sociales para difamar a las madres, amenazarlas o publicar fotografías y videos de los menores para aparentar una convivencia familiar que, aseguran, en realidad no existe. “Suben videos de los niños como si fueran la familia feliz, mientras a nosotras no nos permiten verlos ni saber cómo están”, denunciaron.
