Atzacan, Ver.– La corrida de toros realizada el domingo durante las fiestas patronales terminó en un escándalo que puso en evidencia la falta de autoridad del presidente municipal, Raymundo Israel Solano Jiménez, luego de que se permitiera el sacrificio de un novillo pese a existir un acuerdo previo que lo prohibía.

El evento, autorizado, promovido y cobrado por el propio Ayuntamiento, se salió de control cuando el rejoneador Emiliano Gamero llevó la faena hasta la muerte del animal sin que ninguna autoridad interviniera para detenerlo. Aunque el alcalde aseguró posteriormente que el torero actuó de manera unilateral, la omisión de su administración dejó claro que no hubo capacidad para hacer cumplir las condiciones establecidas.

La situación escaló tras la lidia, cuando elementos policiacos intentaron detener al torero, provocando la reacción de los asistentes, quienes entre empujones y reclamos impidieron su aseguramiento, evidenciando la falta de control del gobierno municipal ante una multitud.

Posteriormente, el Ayuntamiento acudió a la Fiscalía para presentar denuncias contra el torero y la empresa organizadora, Servicios Taurinos Ortega Almanza Hermanos, encabezada por Rubén Ortega Blancas, en un intento tardío por deslindar responsabilidades.

El caso ha generado señalamientos por posibles violaciones a la normativa de protección animal y al contrato firmado; sin embargo, para amplios sectores de la población, el problema central recae en la autoridad municipal.

Más allá del debate sobre la tauromaquia, lo ocurrido deja un mensaje contundente pues el gobierno local de Atzacan, autorizó, pero no controló; impone reglas, pero no las hace valer; y actúa únicamente cuando los hechos ya están consumados.

La corrida del pasado 26 de abril no solo desató polémica, sino que exhibió a un Ayuntamiento rebasado por sus propias decisiones, incapaz de sostener su autoridad en el momento en que más se requería.