RíoBlanco, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó que el exalcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García, incumplió diversas medidas ordenadas dentro de un procedimiento sancionador relacionado con violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que ratificó las sanciones impuestas en su contra.
Mediante un acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia, el órgano jurisdiccional confirmó que el exmunícipe no acreditó haber cumplido con acciones ordenadas desde mayo de 2025, entre ellas la difusión pública de la resolución y la acreditación de cursos en materia de derechos humanos y perspectiva de género.
La resolución deriva de una denuncia promovida por una integrante del Cabildo de Río Blanco, quien acreditó haber sido víctima de violencia política de género en su modalidad de violencia simbólica durante el ejercicio de sus funciones.
El Tribunal recordó que previamente determinó la existencia de conductas que obstaculizaron el desempeño de la funcionaria municipal, además de la difusión de contenidos que reproducían estereotipos de género y afectaban su imagen pública.
Dentro del mismo procedimiento también fue sancionado un comunicador, identificado como administrador de un medio digital, a quien se le ordenó emitir una disculpa pública y cumplir medidas de reparación y capacitación; sin embargo, el Tribunal resolvió que tampoco ha acatado totalmente las obligaciones impuestas.
Entre las sanciones vigentes contra Ricardo Pérez García destaca su inscripción en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un periodo de seis años, medida que le impediría aspirar a cargos de elección popular o desempeñar determinados cargos públicos durante ese lapso.
Asimismo, el exalcalde fue multado por el Tribunal y señalado como reincidente en la comisión de este tipo de conductas, debido a antecedentes previos relacionados con violencia política de género.
Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, el TEV apercibió tanto al exalcalde como al otro sancionado que, de persistir la desobediencia a las resoluciones judiciales, podrían hacerse acreedores a nuevas medidas de apremio previstas por la legislación electoral.
