Orizaba, Ver.- Diversos señalamientos públicos han sido dirigidos en contra de Manuel Eduardo Vidal Alor, juez de Primera Instancia del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XV de Orizaba, a quien se le atribuyen presuntas prácticas de corrupción relacionadas con la resolución de expedientes judiciales.
De acuerdo con las acusaciones difundidas por diversas fuentes, el impartidor de justicia habría solicitado presuntos “moches” para emitir fallos favorables en algunos asuntos.
Las versiones refieren que este tipo de señalamientos ya habían surgido cuando se desempeñaba en la zona de Coatzacoalcos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer resoluciones oficiales que acrediten dichas conductas.
Asimismo, las denuncias sostienen que Vidal Alor presumiría contar con respaldo de personajes cercanos a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, así como de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, además de supuestos vínculos con una presunta red de corrupción al interior del Consejo de la Judicatura.
En ese contexto, trascendió que colaboradores de la gobernadora habrían integrado un expediente en el que se documentaban presuntas prácticas de tráfico de influencias, nepotismo y corrupción dentro del Poder Judicial de Veracruz, con el propósito de revisar el desempeño de diversos funcionarios.
Según el contenido de dicho documento, algunos jueces habrían sido designados gracias a conexiones políticas o familiares, y entre la lista de funcionarios considerados como “los más protegidos” figura Manuel Eduardo Vidal Alor, quien en ese momento se desempeñaba en la región de Coatzacoalcos.
La publicación también hacía referencia a supuestas investigaciones sobre una presunta red de corrupción en el Consejo de la Judicatura; sin embargo, dentro del propio texto no se exhibían documentos, expedientes o pruebas que respaldaran tales afirmaciones, por lo que hasta ahora los señalamientos permanecen como denuncias y versiones difundidas públicamente, sin que exista una postura oficial del juez ni de las autoridades judiciales sobre estos hechos.
