Una década después de un gobierno de terror
- Por Knight Center
- 15 julio, 2026
El exgobernador Javier Duarte ya no está, pero las amenazas persisten: corrupción, crimen organizado y un sistema de justicia marcado por la impunidad.
Durante la administración del gobernador Javier Duarte, Veracruz se convirtió en uno de los lugares más letales del mundo para ejercer el periodismo.
El estado, ubicado sobre la costa del Golfo de México y considerado un corredor clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, registró el asesinato de 18 periodistas durante el mandato de Duarte, entre 2010 y 2016. Entre las víctimas había reporteros que habían expresado su temor de que el gobernador o sus afines mandaran a asesinarlos.
En 2012, Regina Martínez, periodista de investigación del diario La Jornada y de la revista Proceso, quien había documentado vínculos entre narcotraficantes y funcionarios públicos, fue hallada estrangulada en su hogar. En 2015, el fotoperiodista Rubén Espinosa, quien había criticado públicamente la deficiente investigación sobre el asesinato de Martínez, fue encontrado muerto en un departamento de la Ciudad de México.
El asesinato en 2012 de la periodista de investigación Regina Martínez se convirtió en un caso emblemático de violencia contra la prensa en Veracruz. (Foto: Captura de pantalla)
Aunque Duarte fue condenado a nueve años de prisión por delitos de corrupción en 2018 —nunca fue sentenciado por violaciones a los derechos humanos—, Veracruz sigue siendo el estado más letal en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
Desde el año 2000, 33 de los 178 periodistas asesinados en México fueron asesinados en Veracruz, según Artículo 19. En lo que va de este año, tres de los cuatro periodistas asesinados en el país fueron asesinados allí.
Leopoldo Maldonado, relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y opinión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que persiste el pacto de impunidad que ha impedido procurar justicia, reparación y verdad a las víctimas.
“La situación nunca mejoró, precisamente porque no se han rendido cuentas del pasado”, dijo Maldonado a LatAm Journalism Review (LJR). “Eso manda un mensaje muy claro para los propios políticos involucrados en estos crímenes contra la prensa y a los propios grupos criminales”.
La irrupción de nuevos grupos criminales en años recientes y la disputa del territorio veracruzano por su ubicación estratégica y su fuerte actividad petrolera han agravado la violencia en el estado, agregó Maldonado.
Criminalización e infiltración
La criminalización de periodistas atacados también fue una práctica en el gobierno de Duarte que continúa hasta hoy.
A inicios de junio de 2026, un video que se volvió viral mostró cómo hombres armados derribaron la puerta de una casa en el municipio de Nanchital para llevarse a Roxana Berenice Guzmán, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste.
Un mes después, autoridades confirmaron el asesinato de la periodista.
Según información del expediente del caso citada en una columna del periodista Héctor de Mauleón, un grupo criminal acusaba a Guzmán de estar vinculada a sus rivales.
Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas documentaron que las autoridades durante el gobierno de Duarte solían descartar el móvil periodístico y atribuir las agresiones a robos, conflictos personales o presuntos vínculos criminales.
“Hubo muchos casos de compañeros periodistas de los que decían lo mismo, que [los mataron] porque ‘andaban metidos en algo’”, dijo a LJR la periodista veracruzana Fernanda de Luna Ferral, vicepresidenta de la Red Nacional en Memoria y Lucha de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. “Desafortunadamente a ella [Guzmán] ya la encontraron muerta y ya no se puede defender”.
Otro caso reciente de criminalización fue en diciembre de 2025, cuando Rafael León Segovia, reportero de la ciudad de Coatzacoalcos, fue detenido por supuestamente poseer material audiovisual de actividad criminal.
La fiscalía lo detuvo bajo acusaciones de “terrorismo”, después de que Segovia frecuentemente llegara a sitios de asesinatos antes de las autoridades, dijo a LJR Quetzalli Vázquez, directora del portal QUE Noticia, de la capital Xalapa.
La acusación por terrorismo no procedió, pero el periodista permaneció en prisión domiciliaria cerca de un mes por “encubrimiento” y “ataques a las instituciones de seguridad pública”.
“Nos preocupaba que se fincara un precedente en el que, por llegar primero a la escena del crimen o tener información de primera mano –porque a veces nos llega información antes que a la Fiscalía–, la Fiscalía lo tome para decir ‘es parte del delito y entonces se va a la cárcel’”, dijo Vázquez.
Para complicar más la situación, existen reportes de que el crimen organizado sí ha logrado infiltrarse en el gremio periodístico veracruzano, dijo Vázquez, a través de individuos que reportan hechos delincuenciales con sus teléfonos. El sensacionalismo y rapidez con que estos personajes publican encuentra gran aceptación en redes sociales, agregó.
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“Se les hace muy fácil hacer una página de Facebook y ya decirse reporteros, y la gente los toma así porque son los que tienen de primera mano la información”, dijo. “Muchas veces trabajan coludidos con la delincuencia organizada y se dicen periodistas, pero no son realmente periodistas”.
Los señalamientos de vínculos de periodistas con la delincuencia deben tomarse con cautela, dijo Maldonado, ya que pueden abonar a la narrativa estigmatizante que busca desviar la atención del móvil periodístico de los crímenes.
“Achacarles una falta de probidad a las víctimas, que por obvias razones no se pueden defender, y tratar de darle un matiz moral a estas muertes ha sido parte de la construcción de una comunicación política alrededor de estos casos”, dijo Maldonado. “Precisamente Veracruz fue el laboratorio de este tipo de comunicación”.
La participación de políticos locales en los crímenes de periodistas es otro factor que persiste. En el gobierno de Duarte, funcionarios y ex funcionarios públicos fueron los principales perpetradores de homicidios de periodistas, sólo después del crimen organizado, de acuerdo con una investigación de Artículo 19.
Los asesinatos de los periodistas Moisés Sánchez Cerezo, en 2015,; y María Elena Ferral, en 2020, son casos en los que la participación de políticos ha sido documentada.
“En Veracruz nos tenemos que cuidar de los policías, de la delincuencia y de los políticos”, dijo Vázquez. “Hay políticos con algunos nexos un tanto complicados que utilizan las amenazas –desde telefónicas, hasta las que llegan a tu casa con un mensajito de ‘te estamos observando’, hasta las desapariciones, los asesinatos”.
Mecanismos de protección deficientes
En algunos casos, periodistas han sido asesinados tras perder protección del estado.
María Elena Ferral, directora del medio Quinto Poder y basada en Papantla, en el norte de Veracruz, era popular por exponer redes de corrupción y disputas de poder en su región. Tras una amenaza directa de un político local, en 2016, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz le asignó medidas de protección, que incluían escoltas y un botón de pánico.
Sin embargo, en 2018 el gobierno de Miguel Ángel Yunes le retiró las escoltas. En marzo de 2020, la periodista fue asesinada a plena luz del día.
“Ya nunca le regresaron la escolta, por más que lo solicitó”, dijo De Luna Ferral, hija de la periodista y actual directora de Quinto Poder.
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El periodista veracruzano Luis Ángel López Valdés contaba con protección de la CEAPP cuando fue asesinado el 11 de junio.
Maldonado atribuyó la ineficacia de dicha comisión a su dependencia del gobierno estatal, a la falta de presupuesto y a una autonomía que no se ha traducido en independencia real. Su creación durante el gobierno de Duarte también generó desconfianza.
La CEAPP accedió a responder preguntas de LJR, pero hasta la publicación de este artículo no había enviado sus respuestas.
Muchos periodistas veracruzanos, agregó Maldonado, optan por recurrir al mecanismo federal de protección, que aunque también opera con deficiencias, está fuera del control del gobierno de Veracruz.
“A los integrantes [de la CEAPP] los elige el gobernador en turno […]. No intervenimos en ningún momento los que sí nos dedicamos a la comunicación”, dijo Vázquez. “Al final si es una comisión de atención a periodistas, debería estar integrada por periodistas”.
Reporteros coinciden en que existe una falta de coordinación entre los mecanismos de protección y las instituciones de seguridad de Veracruz. De Luna Ferral, beneficiaria del mecanismo federal tras sufrir un atentado después del asesinato de su madre, fue notificada en febrero de este año de que la Secretaría de Seguridad Pública estatal le retiraría sus escoltas.
Un amparo permitió restituir la medida dos semanas después, aunque de forma parcial. La periodista dijo sentirse en alto riesgo luego de que dos de los presuntos implicados en el asesinato de su madre fueron liberados en años recientes.
“El gobierno del estado de Veracruz no tendría que tener ninguna injerencia sobre mis medidas de protección”, dijo De Luna Ferral. “Es negligencia de las autoridades locales desde el momento que no he dejado de pedir justicia por mi mamá y por los demás compañeros asesinados”.
