Colaboración especial de Luis Chávez

Cada día, cientos de familias mexicanas cambian su vida para siempre a causa de un accidente vial. Lo que comúnmente se percibe como un hecho aislado o una consecuencia de la “mala suerte”, en realidad representa uno de los mayores problemas de salud pública, desarrollo económico y bienestar social del país.

Los siniestros de tránsito no solamente cobran vidas; también generan discapacidad permanente, pérdida de productividad, gastos médicos, afectaciones psicológicas y enormes costos para las instituciones públicas y privadas.

Detrás de cada accidente existe una historia familiar, una empresa que pierde a un trabajador, una ambulancia movilizada, hospitales saturados y recursos públicos que pudieron destinarse a educación, infraestructura o desarrollo social.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los siniestros viales constituyen una de las principales causas de muerte entre jóvenes y adultos jóvenes, situación que convierte a la seguridad vial en un tema prioritario para cualquier nación que aspire al desarrollo sostenible.

El costo económico de la inseguridad vial: Diversos estudios internacionales estiman que los accidentes de tránsito representan entre el 3 y el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de los países debido a gastos hospitalarios, atención prehospitalaria, daños materiales, procesos judiciales, incapacidades laborales y pérdida de productividad.

En México, estas pérdidas representan miles de millones de pesos cada año, recursos que podrían invertirse en infraestructura, educación, salud preventiva o movilidad sustentable.

Cuando ocurre un accidente intervienen múltiples instituciones:
• Servicios de emergencia.
• Cruz Roja.
• Protección Civil.
• Bomberos.
• Policías municipales y estatales.
• Guardia Nacional.
• Hospitales públicos y privados.
• Fiscalías.
• Aseguradoras.

Todo este despliegue operativo tiene un costo económico considerable que finalmente es absorbido por la sociedad.

Córdoba y la región centro de Veracruz: cifras que preocupan
La región de Córdoba no es ajena a esta problemática.

De acuerdo con información presentada por la Cruz Roja Mexicana Delegación Córdoba, durante 2025 fueron atendidos 560 accidentes viales, de los cuales:
• 347 involucraron motocicletas.
• 77 correspondieron a atropellamientos.
• 24 fueron volcaduras.
• Se registraron 864 personas lesionadas.
• Fallecieron 22 personas como consecuencia de estos hechos.

Estas cifras reflejan una realidad preocupante: el incremento del parque vehicular, particularmente de motocicletas, no ha ido acompañado de una formación adecuada de los conductores ni de una cultura vial sólida.

A nivel estatal, los registros del INEGI muestran que Veracruz continúa reportando miles de accidentes urbanos y suburbanos cada año, lo que confirma que la siniestralidad vial sigue siendo uno de los principales retos de seguridad pública y salud en la entidad.

El problema no comienza en la calle: Con frecuencia se atribuyen los accidentes al exceso de velocidad, al consumo de alcohol o al uso del teléfono celular. Sin embargo, estas son únicamente las manifestaciones visibles de un problema mucho más profundo.

La verdadera causa radica en la ausencia de una cultura vial construida desde la infancia.

En México aprender a conducir suele significar que un familiar presta un vehículo durante algunos días para “enseñar” lo básico.

Pocas personas reciben formación técnica.

Menos aún conocen:
• la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial;
• el Reglamento de Tránsito;
• las técnicas de conducción preventiva;
• la gestión del riesgo;
• la conducción defensiva;
• el respeto hacia peatones, ciclistas y motociclistas.

En muchos casos basta con aprobar un trámite administrativo para obtener una licencia, sin demostrar plenamente competencias prácticas y conocimientos suficientes para enfrentar situaciones reales de riesgo.

La educación vial debe comenzar en casa: La educación vial no inicia cuando alguien cumple la mayoría de edad.

Comienza en el hogar:
Los niños observan diariamente cómo conducen sus padres.

Aprenden si se utiliza el cinturón de seguridad.

Observan si se respeta un semáforo.

Perciben si se usa el teléfono al conducir.

Aprenden si el casco realmente es importante o simplemente un accesorio.

La familia constituye la primera escuela de movilidad.

Posteriormente, esta formación debe fortalecerse en los centros educativos mediante programas permanentes desde preescolar hasta la educación superior.

La movilidad segura debe enseñarse con la misma importancia que las matemáticas, la historia o las ciencias naturales.

¿Dónde están las instituciones de prevención?
México cuenta con organismos especializados como los Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes (COEPRA) y los Consejos Municipales para la Prevención de Accidentes (COMUPRA), cuya finalidad es coordinar acciones interinstitucionales para disminuir la siniestralidad vial mediante educación, campañas preventivas, análisis estadístico y políticas públicas.

No obstante, en muchos municipios estos consejos presentan importantes áreas de oportunidad:
• Sesionan de manera irregular.
• Carecen de presupuesto suficiente.
• Tienen poca presencia pública.
• Sus campañas son esporádicas.
• Existe escasa evaluación de resultados.
• La coordinación entre dependencias puede fortalecerse.
• Hay limitada participación de universidades, empresas y organizaciones civiles.

La prevención no puede depender únicamente de campañas durante Semana Santa o periodos vacacionales.

Debe convertirse en una política pública permanente.

Capacitación: la inversión más rentable
La capacitación continua representa una de las estrategias con mayor impacto para reducir accidentes.
Es indispensable fortalecer la formación de:
• conductores particulares;
• motociclistas;
• operadores del transporte público;
• operadores de carga;
• empresas con flotillas vehiculares;
• servidores públicos que utilizan vehículos oficiales.

La capacitación debe incluir temas como:
• conducción defensiva;
• percepción y gestión del riesgo;
• factores humanos;
• primeros auxilios;
• normativa vigente;
• educación vial;
• seguridad activa y pasiva;
• manejo de emociones al conducir.

Capacitar no debe verse como un gasto. Es una inversión que salva vidas y reduce costos económicos.

Lo que falta como sociedad: La seguridad vial no depende únicamente del gobierno.

Es una responsabilidad compartida.

Como sociedad aún debemos:
• asumir que un accidente vial es prevenible;
• respetar los límites de velocidad;
• evitar conducir bajo los efectos del alcohol o drogas;
• eliminar el uso del teléfono celular al conducir;
• utilizar siempre cinturón de seguridad y casco certificado;
• respetar al peatón y a los usuarios vulnerables;
• exigir procesos rigurosos para la obtención de licencias de conducir;
• fortalecer la educación vial desde la infancia;
• consolidar la operación efectiva de los COEPRA y COMUPRA;
• impulsar observatorios ciudadanos que evalúen las políticas públicas;
• utilizar evidencia técnica para diseñar intervenciones de movilidad segura.

Una visión hacia el futuro
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece un nuevo paradigma: “ninguna muerte en las calles debe considerarse aceptable”

La meta es construir un sistema seguro donde las personas puedan desplazarse sin poner en riesgo su vida.

Lograrlo requiere voluntad política, instituciones sólidas, infraestructura segura, capacitación permanente y una ciudadanía comprometida.

Cada accidente evitado representa una familia que permanece unida, una empresa que conserva a un trabajador, un hospital con mayor capacidad de atención y una sociedad que avanza hacia un desarrollo más humano.

La movilidad segura no es únicamente un asunto de tránsito.

Es un compromiso con la vida.

Luis Chávez Instructor en movilidad y seguridad vial