Una funcionaria pública municipal de Banderilla, denunció ante el Instituto Municipal de las Mujeres al alcalde José Antonio Sangabriel Fernández, por presunto acoso sexual y hostigamiento laboral, así como al secretario del ayuntamiento, Librado Sirenio Arriaga Galván.
De acuerdo con su queja presentada ante la institución referida, en donde por razones obvias se omite su identidad, señala que recibió diversas propuestas indebidas por parte del presidente municipal, las cuales jamás aceptó y ante la negativa y levantar quejas por hostigamiento laboral, le solicitaron la renuncia al cargo que ostenta.
Ante esta situación, hizo del conocimiento a la opinión pública que, mediante oficio del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, le solicitaron su entrega-recepción, sin detallar algún motivo que lo ameritara esa acción de parte de la citada oficina municipal.
Sin embargo, dijo que antes de solicitarle su renuncia enfrentó diversas amenazas, presiones laborales, actos de intimidación, amenazas de reducción salarial, intentos de provocar un cese, desplazamiento de funciones y actuaciones administrativas realizadas.
Después de que la servidora pública manifestara su negativa a determinadas conductas y presentara quejas por hechos que considera constitutivos de acoso sexual y violencia de género, estas acciones en su contra se incrementaron.
Esto motivó que en un documento dirigido a la maestra Elizabeth López Soto, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, con fecha de recibido el 14 de septiembre del año en curso, en donde le expone la situación vivida e inicie las acciones conducentes.
También acusó la intervención del Secretario del Ayuntamiento, en acontecimientos relacionados con documentación institucional, actuaciones administrativas y hechos posteriores a las denuncias formuladas, circunstancias que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
Manifestó que la situación se agravó con el intento de sustitución material de la servidora pública en su área de trabajo, procedimientos de entrega-recepción, presencia de elementos de seguridad y posteriores actuaciones dirigidas a formalizar su separación, todo ello en un contexto en el que previamente había denunciado actos de violencia y acoso.
Estos acontecimientos se encuentran documentados mediante oficios, actas circunstanciadas, audios, videos y demás elementos de prueba, mismos que han sido o serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes, de las que pidió lleven a cabo una investigación a fondo sobre el particular.
Finalmente, advirtió que ninguna mujer que presta un servicio público debe ser obligada a guardar silencio para conservar su empleo o proteger su estabilidad profesional.
