Estado debe garantizar su protección y cuidado advierte el senador por Veracruz
El senador Manuel Huerta celebró que el mandato constitucional de prohibir el maltrato a los animales, así como garantizar su protección, cuidado y trato adecuado, se materialice con la aprobación de una Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que los reconoce como seres sintientes, legislación que fue aprobada en Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos.
Al tiempo de resaltar una dimensión fundamental de la próxima legislación en su relación con los animales, su cuidado, la responsabilidad y el respeto a la vida de los animales, Huerta destacó el establecimiento de obligaciones concretas en materia de alimentación, alojamiento, atención veterinaria y condiciones adecuadas de cuidado. Además, añadió, se regulan el transporte, los animales de trabajo, los espectáculos, la exhibición y la utilización de animales en producciones audiovisuales.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, comentó que el dictamen establece las bases comunes para la legislación en todo el país. Asimismo, señaló que, ante normas y responsabilidades dispersas, lo que se busca es “establecer con mayor claridad qué corresponde a la Federación, qué corresponde a los estados y qué corresponde a los municipios; quién inspecciona, quién vigila, quién sanciona y cómo deben coordinarse las autoridades”.
También se crean instrumentos para contribuir política pública, una estrategia nacional, un programa especial, un sistema de información y un registro nacional de animales de compañía obligatorio y gratuito. Y algo indispensable, inspección, medida de protección contra infracciones y sanciones.
El Senador del Pueblo reiteró que “la protección de los animales, además de recoger principios, requiere prevenir el maltrato, identificar responsabilidades y contar con autoridades capaces de actuar cuando la ley se incumple”.
Por último, manifestó su confianza en que la legislación aprobada no debe ser un movimiento aislado, sino que debe contar con “implicaciones en la salud pública, el medio ambiente, la protección civil, la educación y la convivencia social”.
