Continúa el conflicto en mesa de diálogo

Camerino Z Mendoza, Ver.- Después de permanecer tomada por padres de familia como medida de presión ante diversas inconformidades, la escuela secundaria “Ignacio Manuel Altamirano” fue liberada, luego de que los inconformes alcanzaran una serie de acuerdos con autoridades educativas.

La movilización había iniciado debido a una problemática que, de acuerdo con los padres, comenzó a ser reportada desde febrero ante supervisión escolar y otras instancias, sin que hasta ahora hubieran obtenido una solución que consideraran satisfactoria. Entre sus principales exigencias se encontraba la salida de la directora Miriam Carrera Salazar, la subdirectora del turno vespertino Georgina Cruz y el contralor Aldo Estévez.

Como parte de los acuerdos alcanzados, los tres funcionarios señalados por los padres se retirarán del plantel y permanecerán en la supervisión escolar mientras continúan las mesas de trabajo. Los representantes de la comunidad escolar explicaron que este martes acudirán a Xalapa para dar seguimiento al diálogo con las autoridades educativas y plantear nuevamente las situaciones que consideran deben ser investigadas.

Uno de los acuerdos contempla además la instalación de una mesa de diagnóstico, en la que se revisará la situación de la secundaria y los distintos planteamientos realizados por los padres de familia. La intención, señalaron, es que cada una de las demandas sea analizada y se establezcan alternativas de solución.

Las inconformidades abarcan tanto aspectos administrativos como académicos. Entre los señalamientos expuestos por los padres se encuentran presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la cooperativa escolar, entre ellas un supuesto faltante de aproximadamente 57 mil pesos correspondiente al ciclo escolar anterior, además de dudas sobre el destino de una aportación de 24 mil pesos realizada por la UPV.

A esto se suman señalamientos sobre la suspensión de clases durante varios días, presuntas ausencias de docentes, así como quejas relacionadas con supuestos cobros a estudiantes para favorecer la acreditación de materias y la presunta venta de dulces dentro del plantel por parte de profesores. Los padres también han acusado a la directora de presunto maltrato, abuso de autoridad y omisión de protocolos, situaciones que aseguran fueron reportadas previamente ante las autoridades educativas.

La secundaria atiende a una comunidad de entre 700 y 750 estudiantes, con alrededor de 60 docentes, por lo que los padres consideran necesaria una revisión integral de las condiciones en que opera el plantel.

Con la liberación de las instalaciones, las actividades escolares podrán continuar, pero el conflicto no se considera concluido. Los padres de familia señalaron que estarán pendientes de los resultados de la reunión en Xalapa y, principalmente, de que los acuerdos alcanzados se traduzcan en acciones concretas y verificables.