Xalapa, Ver.- Actos de corrupción de tres diputados fueron evidenciados el día de ayer que inclusive provocó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación requiriera al Congreso del Estado por la sentencia emitida por una controversia constitucional 11/2016 respecto a los límites territoriales entre los municipios de Chinameca y Oteapan que se encuentran dentro del decreto 537 con fecha 30 de enero de 2003.

La resolución de la SCJN daba a conocer que la zona denominada como Tina Chica pertenece a Chinameca y el área del predio Tonalapan de 463 hectáreas pertenece a Oteapan.

La Suprema Corte de Justicia instruyó al Congreso de Veracruz validar el decreto 537 y poner fin al conflicto que data de hace muchos años.

En días pasado la SCJN impuso solo una prórroga de 10 días al Congreso para solucionar esto e inclusive multó con 5 mil pesos al diputado presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos advirtiéndole que si no se cumplimenta la resolución la sanción podría ser la pérdida de la Presidencia del Congreso.

Tras elaborar el dictamen, la Junta de Coordinación Política acordó que los grupos legislativos aprobarían el mismo.

No obstante, el diputado Gonzalo Guízar Valladares en alianza con el alcalde de Oteapan acordó oponerse al dictamen y trascendió en el Congreso que los legisladores Alexis Sánchez y Antonio García exigieron al diputado Juan Javier Gómez Cazarín sumas millonarias para dar su voto de aprobación.

Lo anterior provocó que el dictamen no alcanzara las dos terceras partes de la votación en la Legislatura que corresponde a 34 votos ya que solo se lograron 32 a favor, 2 en contra y 12 en abstención.

Lo anterior demuestra que Gonzalo Guízar Valladares es sinónimo de la corrupción que impera en ciertos políticos al negociar su voto inclusive en el Congreso del Estado al igual que los otros dos legisladores debido a que sus acciones deshonestas provocan la omisión del cumplimiento de un decreto y desacato a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación