La Comisión para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) se pronuncia por el esclarecimiento del homicidio de la periodista María Elena Ferral, así como de los demás compañeros que, hasta el momento, siguen sin ser esclarecidos totalmente.
Este sábado, 25 de abril del presente 2020, fueron detenidas y presentadas ante el juez a tres personas, como parte de la investigación de los hechos ocurridos el 30 de marzo del presente 2020, en la cabecera municipal de Papantla, Veracruz, entre ellos, un reportero que labora en diversos medios de comunicación; sin embargo, resaltamos que no es la única persona que es parte de las indagaciones realizadas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Por este motivo, solicitamos a la sociedad en general a no adelantar juicios, pues es necesario respetar los procedimientos y esperar a la evaluación que en su momento realice el Poder Judicial.
La CEAPP exige en todo momento que la FGE aporte las pruebas necesarias, científicas y sustentadas para dar con los responsables de privar de la vida a María Elena Ferrar Hernández, así como al juez que respete los derechos fundamentales de los implicados, así como una justa valoración de las pruebas que presenten las partes.
Asimismo, es necesario mencionar que legalmente está Comisión está impedida para llevar la representación jurídica de José “N”, toda vez que ya somos representantes legales de la familia Ferral, por lo tanto, ningún juez aceptaría, ni sería ético, asesorar jurídicamente a dos partes distintas en un mismo caso.
De la misma forma, es menester decir que, de acuerdo a la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, Artículo 3, Fracción I, referente a las atribuciones legales, la CEAPP solamente otorga, a petición de los periodistas que lo soliciten, las medidas de atención o protección necesarias para prevenir la consumación de una amenaza o para enfrentar riesgos inminentes o agresiones contra su esfera jurídica, que sean consecuencia del ejercicio de su profesión. De ahí que este organismo autónomo no está en condiciones de llevar la asesoría jurídica de José “N”.
Finalmente, aunque es de entenderse la respuesta que ha provocado la detención de un periodista en estas circunstancias, sin embargo, solicitamos que se den a los hechos su adecuada valoración.
