Estamos a escasos días de arribar a un vuelco más de la historia política con la designación de nuevo presidente de la República, quien, de una u otra forma, ostenta aún la mayor dosis del poder público.
Los candidatos son luces y sombras al mismo tiempo, pues los votantes decidirán el primer domingo de julio quien de los cuatro registrados oficialmente se queda en el sexenal cargo.
Se advierte en medios tradicionales, en las redes sociales, en las encuestas, el lejano cuarto lugar que lleva el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez, de cuya madre nos enteramos que no sabe leer y no le dio vergüenza decirlo, nos deja con la duda si ha intentado siquiera enseñarle antes de andar cortando manos.
Luego en tercer lugar José Antonio Meade, quien está dando con todo el aparato gubernamental y de los partidos que lo avalan, la batalla. Cuando menos no ceja en el intento y en el llamado a los llamados indecisos o a los jóvenes que por primera o segunda vez van a votar y al voto tradicional del PRI, que si bien le va serán 12 millones de sufragios.
Ricardo Anaya Cortés trae lo suyo: se aquerencia con los fieles de su partido Acción Nacional; los sectores más conservadores del statu quo –empresarios, iglesias, dreamers, estratos sociales medio y medio altos- y una lucha feroz ya de pocos días de quienes lo tildaron bueno para los negocios de dudosa al menos integridad legal.
Viene el que hasta ahora apunta en encuestas a obtener la mayoría de una sociedad que demanda un cambio, sea cual fuere, de mayores expectativas: Andrés Manuel López Obrador, en añeja campaña.
El que llegue le ha de entrar de lleno esencialmente al progreso, bajarle a la corrupción, a la inseguridad, a la impunidad y si no es mucho anhelar, estado de derecho. Los dineros gubernamentales antes son de la ciudadanía y la mínima solicitud es que inviertan en infraestructura básica, servicios y equilibrar –en serio y proyecto productivos- la desigualdad social.
Del lado del gobierno los militares han mantenido su compromiso de apegarse a las facultades constitucionales, más aun cuando de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han recibido buena parte del presupuesto y mejoras en sus percepciones y prestaciones, al menos los meros meros, y en menor escala los efectivos, consentidos al fin, aunque es evidente que tienen los ojos bien abiertos.
Luego la burocracia siempre disciplinada que no quiere perder ni canonjías ni vacíos legales que tanto han contribuido al enriquecimiento de unos cuantos y que algo de pastel les queda.
Empresarios, muchos beneficiados del régimen público que saben de la urgencia de cambios sin perder los terrenos ganados en el engranaje que también les ha dado los vacíos legales.
Los académicos que saben que cada vez hay menos recursos para atender la demanda de educación y las nuevas tecnologías que empiezan a transformar completamente los sistemas tradicionales en la básica, la media superior, la superior y hasta la ciencia.
Pues, a meditar y a votar.