Orizaba, Ver.- La Asociación Nacional de Transportistas (Antac) reclamó transparencia y detalles operativos sobre el proyecto de “paradores seguros” que forma parte del plan de seguridad carretera anunciado por el gobierno federal, del cual se han revelado avances en la instalación de cámaras de videovigilancia, pero sin precisar el alcance de estos espacios de resguardo.

En entrevista David Estévez Gamboa, presidente de la Antac, reveló que tanto la colocación de cámaras en la autopista México-Puebla-Veracruz como la creación de paradores seguros y agencias especializadas en delitos carreteros fueron propuestas presentadas por su organización ante la Secretaría de Gobernación el 5 de febrero de 2024.

“De nuestra propuesta original, se retomaron tres puntos: las cámaras, los paradores y las agencias especializadas. Si bien las cámaras ya están autorizadas para ser instaladas por CAPUFE en zonas de baja señal, desconocemos por completo en qué consistirán los paradores seguros, a pesar de que ya se menciona la participación de empresas restauranteras y farmacéuticas”, afirmó Estévez Gamboa.

El dirigente advirtió que, para que la videovigilancia sea efectiva, las cámaras deben estar conectadas en tiempo real a los centros de mando C4 y C5, y la Guardia Nacional requiere contar con la capacidad logística y operativa para responder de inmediato a las emergencias. Asimismo, subrayó que las fiscalías deben tener acceso a las grabaciones para integrar las denuncias. “Esperamos que este sistema realmente sirva para prevenir delitos y no sea solo una medida reactiva. La vigilancia debe ser efectiva y coordinada”, expresó.

Más allá de la seguridad, el líder transportista reiteró otras preocupaciones del sector, como la corrupción en los trámites de licencias federales y revisiones fisicomecánicas, así como la necesidad de crear fideicomisos de apoyo para las familias de conductores víctimas de la violencia.

“Actualmente, los trámites están colapsados. Hay compañeros que esperan hasta siete meses por una licencia, mientras ‘coyotes’ cobran hasta 30 mil pesos por agilizarlas. Esta situación solo fomenta más corrupción y evidencia el abandono gubernamental hacia el transporte y la infraestructura carretera”, lamentó.

Estévez Gamboa hizo un llamado a las autoridades federales, en particular a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para atender estas fallas estructurales y definir con precisión los alcances del proyecto de paradores, del cual hasta ahora solo se conocen lineamientos generales.