En Azcapotzalco no hay un problema de diagnóstico.
Hay un problema de acción.
El gobierno local insiste en hablar de reducción de delitos, de modelos alternativos y de una visión distinta de seguridad. Pero mientras el discurso se repite, en el territorio ocurre algo más grave: los grupos criminales que operan en la demarcación no enfrentan una respuesta clara, sostenida ni visible del Estado.
No se trata de percepción. Se trata de hechos cotidianos: colonias donde el cobro de piso es un secreto a voces, zonas donde el narcomenudeo opera a plena luz del día y una ciudadanía que sabe perfectamente quién controla qué calle, pero que no ve operativos, desmantelamientos ni acciones contundentes contra esas estructuras.
La alcaldesa Nancy Marlene Núñez Reséndiz ha planteado que la seguridad no puede reducirse a patrullas, cámaras o fuerza policial, calificando ese enfoque como “superficial”. El problema es que, en la práctica, esa postura ha derivado en algo mucho más profundo y peligroso: la ausencia de una estrategia clara para confrontar al crimen organizado que ya opera en el territorio.
Atender las causas es importante. Nadie lo discute. Pero atender las causas no significa ignorar las consecuencias. Y hoy, las consecuencias están ahí: grupos criminales funcionando, disputándose zonas y generando miedo, mientras el gobierno local parece limitarse a administrar la narrativa.
