Cuitláhuac, Ver.— La indignación de un grupo de padres de familia y ciudadanos se hizo evidente esta mañana, luego de que se bloqueara parcialmente la carretera federal Córdoba–Veracruz, a la altura de la comunidad de Mataclara, como acto de protesta ante el regreso a clases del profesor Luis Alberto Varela Hernández, quien fue señalado por presunto maltrato infantil.

De acuerdo con información recabada por este medio, el docente fue acusado de agredir físicamente a un menor dentro del plantel educativo donde labora. Los hechos, denunciados por los padres del niño afectado, derivando en una investigación formal.

Según abogados consultados, existe sustento legal y testimonios que confirmarían la veracidad de los señalamientos. Entre los elementos que integran el expediente se incluyen declaraciones de testigos presenciales, entre ellos maestros del mismo plantel, quienes habrían presenciado la agresión o tenido conocimiento directo de los hechos.

A pesar de ello, el profesor Varela Hernández fue reincorporado esta mañana a sus funciones docentes, lo que provocó el malestar de la familia del menor presuntamente agredido, así como de un sector de la comunidad escolar.

Como medida de presión y exigencia de una resolución definitiva, los padres del niño, acompañados por simpatizantes, bloquearon el tránsito vehicular en ambos sentidos de la citada vía federal, generando afectaciones al flujo habitual de transporte.

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte de las autoridades educativas ni judiciales respecto a la situación laboral del docente o el estatus actual del proceso legal. Sin embargo, los manifestantes exigen una revisión a fondo del caso y la suspensión inmediata del profesor mientras se esclarecen los hechos en su totalidad.

Elementos de la Guardia Nacional y autoridades locales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y tratar de restablecer el orden sin recurrir al uso de la fuerza.

La comunidad educativa de la zona permanece en alerta, a la espera de que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los menores y el cumplimiento de la ley.