+ Denuncian riesgo sanitario y ambiental
Ixtaczoquitlán, Ver.— Habitantes de al menos seis comunidades mantienen un bloqueo y manifestación pacífica en la zona de Lagunilla para exigir la clausura definitiva de un tiradero clandestino que, aseguran, representa un grave riesgo para el medio ambiente y la salud pública.
La protesta inició la tarde del miércoles, luego de que —según los inconformes— fueran retirados los sellos de clausura previamente colocados por el Ayuntamiento, pese a que el sitio ya había sido señalado como foco de contaminación.
Itzel Salgado, integrante de la comunidad, advirtió que se trata de una problemática denunciada desde 2023, sin que hasta ahora exista control ni manejo adecuado de los residuos. “Tememos por la contaminación del aire, del suelo y, sobre todo, del manto acuífero que abastece a nuestras comunidades”, señaló.
Entre las localidades afectadas se encuentran Lagunilla, Moyoapan, Chiltepec, Dos Arroyos y Buena Vista, así como la cabecera municipal de Atzacan, donde estiman que entre 6 mil y 8 mil familias podrían resultar afectadas.
Los pobladores denunciaron que en el tiradero se depositan residuos orgánicos —principalmente desechos de pollo, incluyendo animales muertos y vísceras—, además de residuos industriales provenientes de empresas de la región, lo que ha provocado proliferación de moscas, malos olores y posibles focos de infección.
A ello se suma la presencia de casos relacionados con gusano barrenador en animales domésticos y de ganado, lo que incrementa la alerta sanitaria en la zona.
El agente municipal, Israel Santo Sánchez, afirmó que el sitio carece de permisos municipales y no cuenta con cambio de uso de suelo. No obstante, los responsables argumentan contar con autorizaciones estatales que, según los habitantes, no contemplan el depósito de residuos. “El problema no es nuevo. Desde 2024 hemos entregado oficios a dependencias como Profepa y autoridades estatales sin obtener respuesta. Hoy la situación es insostenible”, expresó.
Los inconformes también denunciaron presuntos actos de intimidación por parte de quienes operan el tiradero, al señalar que han sido vigilados y documentados durante la protesta.
A menos de un kilómetro del lugar se ubica un pozo que abastece de agua potable a diversas comunidades, lo que ha encendido las alertas por posibles filtraciones contaminantes al subsuelo.
Se prevé que este día los manifestantes sostengan una reunión con autoridades municipales, en medio de un proceso legal en curso, luego de que los propietarios del predio interpusieran un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa para revertir la clausura.
Los habitantes exigen la intervención inmediata del Gobierno del Estado, la reubicación del tiradero, la remediación ambiental del daño causado y la indemnización para las familias afectadas. “Es un tema de salud pública que ya rebasó a la comunidad. No nos retiraremos hasta tener una solución real”, advirtieron.
