Orizaba, Ver.- El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara exigió a las autoridades estatales y federales presentar avances concretos en la investigación del asesinato del diputado de Zongolica, Benito Aguas, ocurrido hace un año, al señalar que el caso no puede permanecer en la incertidumbre.
Recordó que, aunque ya fueron detenidos y presentados presuntos responsables materiales, los móviles del crimen siguen sin esclarecerse, lo que prolonga la angustia de la familia del edil y mantiene en vilo a las comunidades de la sierra.
Huerta Ladrón de Guevara afirmó que ha solicitado personalmente al secretario de Seguridad federal reforzar la atención del caso, además de mantener comunicación con los funcionarios encargados del proceso para dar seguimiento puntual al avance de las investigaciones.
Subrayó que la demanda de justicia es urgente y legítima: “Benito era muy apreciado. No podemos dejar sola a su esposa ni a sus hijos. La justicia no puede esperar más”, declaró.
Tras referirse al caso del ex alcalde asesinado, el senador informó que fue aprobada la Ley Nacional contra la Extorsión, una herramienta que calificó como indispensable ante el crecimiento del delito en diversos estados del país, incluido Veracruz.
Detalló que el dictamen ya fue avalado por la Cámara de Diputados, donde se realizaron ajustes en materia de punibilidad. No obstante, advirtió que la medición de penas propuesta en San Lázaro podría generar retroactividad en algunas entidades, lo cual debe corregirse para evitar vulnerar procesos judiciales en curso.
Aclaró que la nueva legislación no contempla castigos extremos como prisión perpetua, pero sí establece sanciones suficientemente firmes para inhibir la operación de bandas delictivas dentro y fuera de los penales.
El senador destacó que el gobierno federal ha reforzado el bloqueo de señales y la vigilancia en los centros penitenciarios, ya que desde esos espacios se organiza una parte importante de las extorsiones que afectan a ciudadanos y comerciantes.
Aunque reconoció que la nueva ley no resolverá por sí misma el problema, aseguró que fortalecerá la actuación de fiscales y jueces, además de brindar herramientas jurídicas para disminuir la incidencia de este delito.
