Investigan presuntos vínculos con extorsión y robo

Córdoba, Ver.– Un operativo encabezado por elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) derivó en el cateo de las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), ubicadas en la zona de San Miguelito, así como en la detención de un perito criminalista, quien presuntamente estaría relacionado con investigaciones por los delitos de extorsión y robo.

De acuerdo con los primeros reportes, las acciones forman parte de diversas investigaciones que se desarrollan de manera paralela y en las que participan elementos de la Policía Ministerial de Investigación, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Durante el desarrollo de las diligencias, las autoridades habrían localizado en poder del funcionario diversas pertenencias que presuntamente estarían relacionadas con los hechos que son materia de investigación, por lo que se procedió a su aseguramiento y posterior traslado.

El detenido fue identificado como Luis Rodolfo “N”, quien fue trasladado a las instalaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro para la correspondiente valoración médica y la realización de los procedimientos legales establecidos.

Se prevé que, una vez concluidas las diligencias iniciales, el detenido sea puesto a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.

Hasta el momento, será la autoridad ministerial la que deberá establecer con precisión cuál es la responsabilidad que pudiera tener el detenido en los hechos investigados, así como determinar el origen y destino de las pertenencias que presuntamente fueron localizadas durante las acciones realizadas.

A raíz de estos hechos también han surgido señalamientos relacionados con el funcionamiento y supervisión de la estructura de Servicios Periciales en la región.

Dentro de los señalamientos se menciona al delegado de Servicios Periciales, Víctor Manuel Gálvez Martínez, a quien se atribuye un presunto conocimiento de las irregularidades que ahora son investigadas y una supuesta falta de actuación ante ellas.

Sin embargo, dichos señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes mediante las investigaciones respectivas y, en su caso, con las pruebas que permitan determinar si existió alguna responsabilidad administrativa o de otra naturaleza.

Ante este escenario, se ha planteado la necesidad de que la Fiscalía General del Estado realice una revisión integral de los procedimientos internos, controles y actuación del personal adscrito a Servicios Periciales, con el objetivo de determinar si existen más servidores públicos involucrados o si se presentaron omisiones en el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, se ha solicitado a la titular de la Fiscalía General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, valorar las medidas administrativas que correspondan y, de considerarlo procedente, implementar una revisión o rotación de personal en las distintas áreas de Servicios Periciales del estado.

Las investigaciones deberán determinar si los hechos corresponden a un caso aislado o si existen otros servidores públicos que pudieran estar relacionados con las conductas que son investigadas.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación de las autoridades ministeriales, mientras que será el Ministerio Público y, posteriormente, la autoridad judicial correspondiente, quienes determinen las responsabilidades que legalmente procedan.