Orizaba, Ver.– El colectivo feminista María Verde Altas Montañas llamó a las autoridades estatales y municipales a garantizar la verificación rigurosa del certificado de no inscripción en el Padrón de Deudores Alimentarios, documento obligatorio para tramitar licencias de conducir, pasaportes y matrimonios civiles.

En entrevista, Luz María Reyes Huerta integrante de la organización, recordó que la reforma que vincula estos trámites con el padrón ya está vigente y que corresponde al Poder Judicial su administración por lo que dijo que si una persona está inscrita como deudora, no puede acceder a dichos documentos hasta ponerse al corriente.

Explicó que la inscripción en el padrón únicamente procede cuando existe un proceso legal de pensión alimenticia y un juez determina un adeudo, ya sea por incumplimiento de una pensión provisional o por pagos atrasados. Tras ello, el juez emite el oficio para integrar al deudor al registro judicial. “Es el Poder Judicial quien lleva el padrón y solo el juez puede ordenar la inscripción”, reiteró Reyes Huerta.

La activista señaló que, aunque el mecanismo representa un avance en materia de acceso a justicia para niñas, niños y adolescentes, persisten obstáculos que impiden a muchas mujeres iniciar o avanzar en el proceso legal, principalmente por falta de acompañamiento jurídico.

“Para muchas mujeres sigue siendo complicado llegar hasta el juez, pero este registro sí es un paso importante, sobre todo para quienes llevan años sin recibir los alimentos de sus hijos e hijas”, afirmó.
Reyes Huerta insistió en que la verificación del certificado de no inscripción es una obligación legal y urgió a las dependencias a cumplirla sin excepciones. También convocó a la ciudadanía a reportar irregularidades.

Señaló que, si una mujer conoce un caso en el que un deudor registrado obtuvo licencias u otros documentos oficiales, puede solicitar al juez que informe a la Secretaría de Finanzas qué funcionario autorizó el trámite.

La colectiva subrayó que este instrumento legal es una herramienta para hacer cumplir las obligaciones alimentarias y proteger la economía de las familias que cargan con los efectos del abandono. “Ese tipo de actos deben investigarse. Las responsabilidades administrativas no pueden quedar sin consecuencias”, advirtió.