+ ¿Quién mató al policía estatal?;
+ Vecinos señalan una incompetencia recurrente ante robos carreteros y extorsiones, además de presuntos actos de corrupción
Maltrata, Ver.- Pobladores de San José el Súchil sostuvieron este lunes una reunión urgente con mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), elementos del Ejército Mexicano y representantes de otras corporaciones, luego del violento enfrentamiento registrado el domingo en la Autopista 150D Orizaba–Puebla, que dejó un policía estatal muerto, una agente retenida temporalmente y armas oficiales en poder de la comunidad.
Durante el encuentro, encabezado por el subdirector tercero José Salvador Hernández García, encargado de la zona de Fortín, los habitantes exigieron garantías de seguridad, el esclarecimiento del presunto abuso policial que detonó la confrontación, y el cese de prácticas que aseguran se han vuelto constantes contra automovilistas y vecinos de la región.
Vecinos manifestaron que la tensión del domingo se originó tras la detención de un automovilista de San José el Súchil, quien habría sido despojado de sus pertenencias y tratado con abuso de autoridad por policías estatales. Tras regresar a su comunidad para informar lo ocurrido, decenas de habitantes bajaron a la autopista en demanda de respuestas.
Durante la reunión, pobladores como Marcelo, Cirilo Flores y Enrique Huerta cuestionaron abiertamente la actuación de la SSP, señalando una incompetencia recurrente ante robos carreteros y extorsiones, además de presuntos actos de corrupción. “Hagan bien su trabajo”, reclamaron, pidiendo también combatir la venta de droga en la zona y permitir que quienes trabajan de manera honesta continúen sin hostigamiento.
Otros habitantes exigieron “limpiar la imagen de la comunidad”, pues consideran que la información difundida en redes sociales los criminaliza injustamente.
El Ejército, representado por el Teniente José Alberto Ramírez Parra, explicó que sus revisiones se centrarán únicamente en vehículos o personas en actividades sospechosas, y aseguró que no se molestará a quienes transportan ganado, carbón, madera u otras mercancías legales.
La SSP afirmó que realizará rondines diarios, por la mañana y la noche, y mostró a la comunidad los procedimientos de identificación oficial del personal para evitar confusiones. Sin embargo, la autoridad comunitaria, Marcos Eugenio, aseguró que existe inconformidad generalizada por la mala actuación de algunos policías comisionados en la zona.
Pobladores solicitaron también reforzar la seguridad en escuelas y reportar con inmediatez cualquier abuso de elementos estatales. Un representante del transporte público pidió que toda anomalía sea denunciada ante la autoridad local para tomar medidas.
Finalmente, la comunidad aceptó que la Policía Estatal permanezca en el poblado durante un mes, en un cuarto cercano a la Agencia Municipal. Asimismo, se acordó que las tiendas cierren a las 10 de la noche para mantener el orden.
De acuerdo con las primeras versiones, dos policías estatales circulaban hacia la zona de Magueyes cuando un Nissan Tsuru negro los rebasó. Tras detenerlo, habrían revisado al conductor con exceso de fuerza y lo despojaron de sus pertenencias, lo que provocó que la comunidad se movilizara.
En la confrontación que siguió, los habitantes desarmaron a una patrulla que no correspondía a los oficiales involucrados inicialmente. Durante el caos, un arma se accionó y el policía Gibrán Martínez recibió un disparo en la pierna. Aunque fue trasladado al Hospital Regional de Río Blanco, murió por la severa pérdida de sangre.
Una agente estatal quedó retenida y fue llevada a la comunidad, donde más de un centenar de habitantes se congregaron, elevando el riesgo de un enfrentamiento mayor.
La crisis llevó a activar un código rojo, desplegando a la Guardia Nacional Carreteras, Marina, Sedena y Policía Ministerial para negociar sin provocar un choque violento. Tras varias horas de diálogo, la agente retenida fue entregada sin lesiones y el armamento recuperado.
