+ Uno enfrentará proceso por el homicidio de la periodista Roxana Guzmán

Con 40 votos de Morena, Verde y PT, el Congreso separó de sus cargos a los ediles de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván; la oposición sumó apenas ocho votos a favor de los alcaldes emecistas.

El Congreso de Veracruz aprobó esta noche, durante sesión plenaria, el desafuero de dos alcaldes de Movimiento Ciudadano: Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, señalado como presunto autor intelectual del homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, acusado del delito de desaparición forzada.

Con el desafuero, ambos exalcaldes quedan separados de sus cargos para enfrentar los procesos penales por los que los señala la Fiscalía General del Estado (FGE).

González Martínez deberá enfrentar el proceso penal bajo la acusación de su presunta autoría intelectual en el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrido el 2 de junio en Nanchital, al sur de Veracruz.

Luego de la determinación del Congreso, Juliana Ruiz Martínez, también de MC, asumirá la Presidencia Municipal de Ixhuatlán del Sureste.

Por su parte, Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, deberá enfrentar el proceso en su contra por el presunto delito de desaparición forzada en agravio del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López Torres. Su cargo será ocupado por su suplente, Jesús Rosado Guzmán.

El dictamen para la declaración de procedencia de ambos exalcaldes fue aprobado por 40 votos de los legisladores de Morena, Verde y Partido del Trabajo, mientras que los ocho votos en contra provinieron de la oposición: Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, y el diputado independiente Héctor Yunes Landa. Durante la sesión, no asistieron los legisladores Fernando Yunes Márquez, del PAN, y José Ricardo Ruiz Carmona, de Morena.

Antes de la votación, MC exigió cesar lo que calificó como “justicia selectiva y persecución política” en el estado.

“A través de un documento firmado por el coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez, MC informó que exigieron a la CNDH medidas de protección ante las intromisiones y arbitrariedades del Gobierno del Estado.”

El partido reiteró su postura de cero tolerancia a la impunidad, pero demandó estricto apego al debido proceso, autonomía institucional y respeto a la voluntad ciudadana.

EL COMUNICADO OFICIAL

Aprueba Congreso Declaraciones de Procedencia en contra de dos munícipes

• Con base en las conclusiones de la Comisión Permanente Instructora, el Poder Legislativo determina que ha lugar, por lo que los servidores públicos pierden el fuero constitucional, a solicitud de la Fiscalía General del Estado.

Xalapa, Ver., 05 de agosto de 2026.- Las diputadas y los diputados de la LXVII Legislatura determinaron por mayoría calificada si ha lugar los procedimientos de Declaración de Procedencia en contra de los presidentes municipales de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, con base en las conclusiones presentadas por la Comisión Permanente Instructora.

En sesión privada y de acuerdo con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado, previo al análisis de cada dictamen, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, declaró al Pleno Jurado de Procedencia.

Seguidamente, se realizó la lectura de los dictámenes y las conclusiones de la Comisión Permanente Instructora (instancia encargada del procedimiento y de la realización de las audiencias de pruebas y alegatos entre los involucrados y representantes de la Fiscalía General del Estado).

Conforme a la normatividad y para garantizar el derecho de audiencia, se concedió a cada uno de los munícipes, por separado, el uso de la voz para expresar lo que a sus intereses conviniera. En cada acto, se retiraron del Recinto los servidores públicos y su defensa legal.

La Constitución Política del Estado de Veracruz establece, en la fracción XXV del Artículo 33, que es atribución del Congreso declarar si ha lugar o no a proceder contra los servidores públicos que hubieren sido acusados por la comisión de algún delito. Y en el Artículo 78, precisa lo anterior en relación con la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo en contra de las y los presidentes municipales o de concejos municipales, entre otras autoridades.