Suceden con frecuencia en cada proceso electoral, por lo que no hay que hacer “panchos”. No significan ninguna tragedia porque existen los mecanismos legales suficientes para resolverlas.
Me refiero a las renuncias de candidatos a los puestos de elección popular que estarán en juego el próximo 1 de junio, y que según el Órgano Público Local Electoral de Veracruz, instancia que desde luego pretende minimizar el tema, no llegan a trescientas hasta el momento, por lo que no hay nada de qué preocuparse.

Según el organismo, la mayoría de las renuncias se han debido a diversas causas, desde motivos de salud hasta decisiones internas de los seis partidos que están en la contienda y compiten por las 212 presidencias municipales del estado.

Sin embargo es bastante obvio que la mayoría de las renuncias se deben a amenazas recibidas por los candidatos y al clima de inseguridad que se vive en muchos municipios, porque no es creíble que después de haber sido registrados, dejen de lado la posibilidad de ser alcaldes, síndicos o regidores, que son cargos que significan jugosos ingresos y la posibilidad de medrar con el poder.

No han pasado diez días de campaña y ya la violencia política ha cobrado víctimas, pues primero en el norte del estado, en Coxquihui, fue asesinado el candidato a la alcaldía de Morena y después en el sur, en Oluta, fue ejecutado un excandidato a la presidencia también morenista.

Ha trascendido también que en numerosos municipios candidatos de diversos partidos han solicitado protección a las autoridades, pues temen ser víctimas de un atentado. Casi de nada sirve ese tipo de protección, pero en fin.

El ambiente político en casi toda la entidad está tan crispado que en muchos lugares los abanderados ni siquiera hacen campaña, pues únicamente realizan promoción digital, lo que significa que evaden cualquier contacto con los ciudadanos y mucho menos se atreven a llevar a cabo reuniones o mítines en la vía pública.

Ante esto, la gobernadora Rocío Nahle García ha reaccionado de una forma totalmente distinta a su antecesor, Cuitláhuac García Jiménez, quien como recordamos siempre evadió el tema. En cambio la actual mandataria no solo reconoció el ambiente de inseguridad que prevalece, sino se comprometió a trabajar a fondo para combatirlo.

Por supuesto, con el respaldo que ya ha sido confirmado, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien se ha comprometido a enviar recursos humanos y materiales para poner freno a la violencia.
Todo eso está muy bien, pero hay que esperar que se concrete en hechos, porque las palabras ante las balas, no sirven para nada.