A principios del año 2015, funcionarios hacendarios municipales me invitaron a que los acompañara a una cita con un despacho de consultoría a la ciudad de México donde se expondrían formas de financiamiento a proyectos de infraestructura municipal; la reunión se llevaría a cabo en Leibniz núm. 26 séptimo piso de la colonia Anzures.
Acudimos puntualmente a la cita, el edifico un inmueble de buena presencia mejor control, el acceso era restringido, nos registramos solicitaron permiso para el ascenso, una vez en el piso séptimo, me pude percatar de ser una instalación provisional, mesas plegables, sillas de plástico, archivos en cajas de cartón, computadoras portátiles y edecanes parecidas a hostes, servicio de café en vasos desechables, agua en botellas de plástico.
Después de una espera de quince minutos los cuales estuvimos parados, un licenciado de apellido Hernández nos atendió siendo el resultado de la entrevista que pudiéramos accesar a un financiamiento de muchos millones, para lo cual tendríamos que firmar un contrato de comisión mercantil del veinte por ciento del monto recibido, mismo que sería descontado del depósito y se nos expediría una factura de honorarios.
Preguntamos qué tipos de fondos eran?, Federales fue la respuesta. De qué tipo? Del Ramo 23; Que seguridad tendríamos? Habrá Convenio específico con la entidad y el municipio, nos respondió; Desde luego manifestaron; es necesario contar con los proyectos ejecutivos validados; esto último lo podrían atender ellos, la programación de los fondos obedecería a la disponibilidad de recursos, por lo cual la operación sería al éxito.
En este recinto nos encontramos a otros funcionarios de municipios de Veracruz que habían sido invitados para el mismo propósito, el licenciado Hernández nos informó no que ya habían sido provistos acuerdos con alcaldes de la entidad.
Dentro de la entrevista mencionada hubo referencias de que gente de nivel patrocinaba a este bróker de consultores, no pudimos precisar a quien o a quienes se referían; con ello terminamos la entrevista, acordando que el siguiente paso era traer a los alcaldes para la firma del contrato, mismo que sería enviado vía email para análisis y formalización.
Acto seguido nos retiramos de Leibniz y nos dirigimos al café del hotel Camino Real para comentar el ofrecimiento; después de quince minutos acordamos no traer al presidente y considerar esta oferta como una más de las muchas existentes en el medio que promueven intermediarios, corredores, y coyotes que pululan el ámbito municipal.
El caso de Chihuahua es real, con ello quiero decir que los Convenios si existieron que pertenece su fondeo al Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas, fueron firmados por el gobierno del estado y la SHCP, donde despacha Alfonso Isaac Gamboa Lozano coordinador de estos programas.
Los financiamientos corresponden al Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 700 millones de pesos; Programa para el Desarrollo Regional (PDR) 44.7 millones de pesos; Fondo para el Fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal (FORTALECE), 20.4 millones de pesos.
Los Convenios se formalizaron el 14 de diciembre de 2017; es decir a 17 días para terminar el ejercicio fiscal; estos fondos tienen el principio de anualidad.
Solo se entregó Fortalece, no recibieron 780 millones de pesos, en un caso porque se dio una cuenta de depósito que no correspondía y en otro por no tener disponibilidad presupuestal.
El asunto se ha vuelto político, lo concatenan con la serie de acciones penales emprendidas por el gobernador Corral a funcionarios de la administración del gobernador Cesar Duarte por el desvió de 250 millones de pesos al PRI y de un operador de Manlio Beltrones; Alejandro Gutiérrez Gutiérrez ex secretario general adjunto del CEN del PRI, tema que por el cual el Licenciado Beltrones está amparado.
Pero el caso es que los fondos no llegaron a Chihuahua; los 700 millones de pesos eran para pagar aguinaldos, lo que motivo un desbalance en la finanzas del estado, motivo por cual los ánimos se tornaron políticos y pretende llegar hasta la vinculación de funcionarios superiores come es el caso del, ex secretario de SHCP Videgary, lo tratan de relacionar en financiamientos de Cesar Duarte par el PRI.
Todo ello se da en fondos del Ramo 23, que es atípico en el egreso federal, con reglas heterogéneas para cada financiamiento y que a diferencia de los demás Ramos este lo administra la SHCP.
Contiene lo mismo previsiones salariales para la burocracia, que previsiones para desastres como es el caso del FONDEN y del PREFONDEN, amalgama fondos para la Fiscalización como el PROFIS, que suministra el fondeo a la ASF y los Órganos de Fiscalización Locales.
Integra programas para la infraestructura y desarrollo de estados y municipios, que año con año se manejan en la Cámara de Diputados y que da a lugar a los famosos moches.
Este es el punto del cual puede haber más polarización; se habla hasta de una controversia constitucional, hoy se anuncia al abogado Paolo Diez para llevarla a cabo, seguramente no tendrá futuro, habrá que precisar que es un año electoral
Podemos decir que este ramo ha crecido desproporcionalmente, se ocupa para todo lo que no esté considerado en ningún egreso, lo maneja discrecionalmente la SHCP, y los diputados autorizan una cosa y al finalizar es inmensamente mayor, donde ni las manos meten los legisladores, para que tanta fricción en diciembre cuando se autoriza el presupuesto si el resultado es diferente.
Para el año 2018 se autorizaron 107 mil millones de pesos, el mayor ejercicio fue en 2016 con 141 mil millones de pesos.
Veremos los rumbos que se dan, lo cierto es que son fondos 2017 y no pueden ampliarse a 2018, Chihuahua ya los perdió pero pueden incrementárselos para el 2018 por otra vía, cosa que seguramente ocurrirá, pues 700 millones es una cifra menor para las finanzas de la SHCP.
JFA 15.01.18
