Orizaba, Ver.- El representante de la sociedad civil y miembro del colectivo Cihuahtlatolli, Jairo Guarneros Sosa, calificó como “grave y preocupante” la designación del capitán Alfredo Álvarez Valenzuela como nuevo Director de Seguridad Pública Municipal de Orizaba, debido a los señalamientos en su contra por presunto acoso sexual y desaparición forzada durante su paso por Tlaxcala.
Guarneros Sosa expresó su inquietud por la decisión del nuevo Ayuntamiento, al considerar que existen dos escenarios igualmente alarmantes: que las autoridades municipales no hayan investigado los antecedentes del funcionario, o que sí los conocieran y aun así lo hayan nombrado, lo que dijo, evidenciaría omisión o incluso encubrimiento.
“Me parece muy preocupante y grave no haber investigado antes los antecedentes de quien se va a hacer cargo de la policía municipal. Pero si sí los investigaron y aun así lo nombraron, entonces preocupa más, porque parecería que estaban buscando precisamente a alguien con ese perfil”, señaló.
El integrante del colectivo recordó un antecedente similar ocurrido en Orizaba, cuando un exjefe policiaco fue designado pese a contar con señalamientos previos por desaparición forzada, situación que, afirmó, derivó posteriormente en sanciones. 
En ese sentido, advirtió que la actual designación podría anticipar un escenario de represión en el municipio.
Guarneros Sosa también subrayó la gravedad de las acusaciones por acoso sexual, al considerar que las primeras personas en riesgo serían las mujeres que laboran dentro de la corporación policiaca y, posteriormente, las mujeres en general de Orizaba.
Ante este panorama, exigió una aclaración inmediata por parte del presidente municipal Hugo Chahín para que explique las razones del nombramiento y determine si se trató de una decisión propia o de una imposición externa, al recordar que el ahora jefe policiaco fue funcionario en Tlaxcala durante un gobierno emanado de Morena.
“Es indispensable que se explique qué fue lo que lo llevó a nombrar a esta persona o si se lo impusieron desde el gobierno del estado”, concluyó.