Orizaba, Ver.- Al menos 100 familias de la región de Orizaba-Córdoba, son las que podrían acceder a los beneficios de la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Persona, gracias a los nuevos cambios que presenta esta ley, aseguraron las representantes del Colectivo de Familiares Desaparecidos Orizaba-Córdoba.

De acuerdo con Ana Lilia Jiménez, integrante de esta organización, del censo de familiares de desparecidos que tienen, al menos 100 son las familias que podrían recibir este beneficio por lo cual se iniciarán los trámites jurídicos.

Acompañada de la presidenta de dicho colectivo, Araceli Salcedo Jiménez, señaló que esta ley busca reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y de los derechos y obligaciones, de la persona que ha desaparecido y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia de sus familiares.

Expuso que del número de personas que se encuentran en la necesidad de obtener este estatus legal, es mayor, pero debido a que muchos no cuentan con una denuncia por desaparición es que no pueden acceder a este documento.

Y es que la Declaración Especial de Ausencia es para la persona declarada como ausente por desaparición sea considerada como viva, por lo que tendrá continuidad de su personalidad jurídica desde la fecha en que se consigna el hecho en la denuncia, reporte o queja, garantizando la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad a través de quien pueda ejercer la patria potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez.

Este estatus lo pueden solicitar losfamiliares de una persona desaparecida al Juzgado de lo Familiar a partir de los tres meses de que se haya hecho la denuncia o reporte de desaparición, o de la presentación de la queja ante la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Dentro de los beneficios obtenidos con este documento es liberar algunas demandas sobre casas de interés social. “Con ese documento se ha frenado esa parte de que les quiten sus hogares y no pongan en riesgo el patrimonio, al igual que quienes dejaron alguna deuda pendiente con alguna institución bancaria o tiendas departamentales, son casos que venimos arrastrando de años atrás cuando no teníamos una ley que nos amparara o no teníamos el conocimiento”.