Orizaba, Ver.- Tras el reconocimiento de la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Zaira Del Toro, sobre la imposibilidad de que Veracruz cumpla con la meta de erradicar el embarazo infantil para 2030, establecida en la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU, el colectivo feminista Cihuatlahtolli criticó la falta de acciones efectivas y exigió políticas integrales para proteger a las niñas y adolescentes.
María de la Cruz Jaimes, presidenta del colectivo, calificó como “lamentable” el fracaso del estado y señaló que el embarazo infantil es un problema multifactorial vinculado a violencia sexual, impunidad, falta de educación y oportunidades.
Jaimes destacó que muchos casos son consecuencia de abuso sexual dentro del entorno familiar, agravado por la “total impunidad” en el acceso a la justicia. “Muchas niñas son obligadas a ser madres porque las autoridades no aplican protocolos ni garantizan justicia”, denunció.
Además, criticó la ausencia de alternativas educativas y de desarrollo en comunidades, lo que empuja a las adolescentes a uniones tempranas. “No tienen opciones para estudiar o desarrollarse profesionalmente, solo les queda la vida de pareja”, afirmó.
La activista enfatizó la urgencia de implementar una educación sexual integral, científica y obligatoria desde preescolar, que brinde herramientas cognitivas y psicológicas para la toma de decisiones, misma que debe ser impartida por personal capacitado y no dejarse al azar, sin embargo, señaló que persisten resistencias en las escuelas: “Hay prejuicios de docentes y directivos que impiden talleres sobre sexualidad”.
Aunque celebró la despenalización del aborto en Veracruz, advirtió que no basta con conocer el derecho si no hay garantías para su acceso, por lo que exigió que los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sean una realidad en los centros de salud, especialmente para niñas víctimas de violencia.
Finalmente, la activista urgió a priorizar el tema con “voluntad política”, ya que “declarar que no se cumplirá la meta no resuelve nada” por lo que demandó una justicia efectiva para casos de abuso sexual; educación sexual integral en todas las escuelas; oportunidades económicas y educativas para adolescentes y garantizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos.
Y es que, en su declaración Zaira Del Toro admitió que el estado no cumplirá los objetivos de la ONU, pero destacó avances en capacitación sobre derechos sexuales y reproductivos, incluida la interrupción legal del embarazo. “Es un derecho; deben acercarse a los servicios de salud amigables”, dijo, aunque reconoció que persisten “desinformación y obstáculos”.
