*Es por caso de tortura en Río Blanco

Río Blanco, Ver.- José Antonio May González, candidato del PAN a la presidencia municipal de Río Blanco, denunció que el gobierno del estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) han incumplido por más de un año las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo detención arbitraria, tortura y retención ilegal.

En entrevista recordó que en enero de 2023, la CNDH emitió la Recomendación VG/2023, dirigida al entonces gobernador Cuitláhuac García y a la fiscal Verónica Hernández Giadáns, tras confirmar que May González y otras cinco víctimas (identificadas como V1 a V6) sufrieron agresiones por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Ministerial en 2022.

El documento, basado en el expediente CNDH/2/2022/95/VG, ordenaba la implementación urgente de capacitaciones en derechos humanos para los servidores públicos involucrados, así como la investigación y sanción de los responsables. Sin embargo, a más de un año de su emisión, ninguna acción ha sido cumplida.

“Cuando hay impunidad, se normalizan los abusos. Este caso no solo me afectó a mí, sino que refleja un patrón de violaciones sistemáticas en Veracruz. Las autoridades han ignorado una resolución formal del máximo organismo defensor de derechos humanos en el país. No ha habido capacitaciones, no hay sanciones, y tampoco han justificado por escrito su negativa, como exige la ley”, acusó May González.

Expuso que la CNDH estableció un plazo de seis meses para que el gobierno estatal y la FGE diseñaran e impartieran cursos especializados en prevención de tortura y garantías jurídicas, además de remitir constancias de su aplicación. Asimismo, según el artículo 102 constitucional y la Ley de la CNDH, las autoridades están obligadas a fundamentar y hacer pública cualquier negativa a acatar una recomendación, lo que tampoco ocurrió.

Pese a que la CNDH advirtió que, de no cumplirse, solicitaría a la Legislatura de Veracruz llamar a comparecer a los funcionarios responsables, ni el Ejecutivo estatal ni la FGE han dado respuesta pública al caso. “Este no es un tema político, es una demanda de justicia básica. Veracruz no puede seguir siendo un lugar donde se violen derechos humanos sin consecuencias”, concluyó.