Orizaba, Ver.- La mañana de este viernes se llevó a cabo un operativo de desalojo al interior del mercado Venustiano Carranza, conocido como el “Mercado de Flores”, donde autoridades municipales retiraron a comerciantes involucrados en un conflicto ocurrido meses atrás con personal del área de Comercio del Ayuntamiento de Orizaba.
La diligencia se desarrolló en medio de un ambiente de tensión, inconformidad y presencia policiaca, mientras locatarios y ciudadanos observaban el retiro de mercancía y pertenencias de las familias afectadas, algunas de las cuales aseguran haber trabajado por más de tres décadas en ese espacio comercial.
El procedimiento ocurre luego de una serie de disputas derivadas de un altercado registrado el pasado 15 de marzo entre comerciantes y trabajadores municipales de supervisión, situación que posteriormente derivó en procedimientos administrativos, restricciones y finalmente en la orden de desalojo.
De acuerdo con información proporcionada por los afectados, el pasado 20 de mayo les fue notificada una resolución administrativa en la que se otorgaban tres días para desalojar voluntariamente los espacios comerciales. Sin embargo, el 22 de mayo promovieron un recurso de inconformidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
Familiares de los comerciantes señalaron que dicho tribunal concedió posteriormente una suspensión del acto reclamado, medida que, aseguran ya había sido notificada tanto al Ayuntamiento de Orizaba como a la Dirección de Desarrollo Económico y Comercio desde el pasado 27 de mayo, pese a ello, denunciaron que la diligencia continuó desarrollándose.
Entre las personas afectadas se encuentra Victoria Zepeda, quien afirmó haber resultado lesionada durante los hechos ocurridos en marzo, cuando cursaba un embarazo de alto riesgo.
La mujer aseguró que tras el altercado sufrió complicaciones médicas severas, incluyendo amenaza de pérdida del embarazo, hospitalización y transfusiones sanguíneas, situación que atribuye al conflicto ocurrido durante la intervención municipal.
Asimismo, denunció presuntos actos de hostigamiento posteriores al operativo, señalando vigilancia constante de patrullas en las inmediaciones de su domicilio y falta de atención a sus denuncias por amenazas. “He pedido audiencia con el alcalde para que escuche lo que está pasando, pero hasta el momento no he sido recibida”, declaró.
El caso ha generado preocupación entre comerciantes del centro de la ciudad, quienes consideran necesario que este tipo de conflictos sean atendidos mediante mecanismos de diálogo y mediación, evitando escenarios que puedan derivar en confrontaciones o afectaciones mayores a la actividad económica de las familias involucradas.
