Río Blanco, Ver.— Tras el accidente ocurrido la mañana de este miércoles en el kilómetro 271 de la autopista 150D, tramo Ciudad Mendoza–Orizaba, donde un tractocamión de caja seca se impactó contra las barras metálicas de contención, permanece sin aclararse el destino de al menos siete estructuras propiedad de la Federación, cada una con un valor aproximado de 22 mil pesos.

El percance involucró a un tráiler color rojo que transportaba pollos de la empresa Patsa y que circulaba con dirección al puerto de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se habría originado por la imprudencia del operador, quien, según su propio testimonio, iba revisando una dirección en su teléfono celular cuando perdió el control de la unidad, se salió de la cinta asfáltica e impactó de lleno contra la infraestructura federal.

El choque provocó daños materiales en al menos tres vehículos particulares que transitaban por la zona; sin embargo, de manera fortuita no se reportaron personas lesionadas. Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, así como personal del área de Conservación de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes realizaron el peritaje correspondiente y levantaron el reporte de los daños ocasionados.

Como parte de las labores posteriores al accidente, personal de CAPUFE retiró las barras de contención dañadas y las cargó en una camioneta oficial tipo RAM con redilas y logotipos institucionales, presuntamente para su traslado y resguardo.

No obstante, horas más tarde, la misma unidad fue observada en una colonia cercana, donde las barreras, visiblemente retorcidas, eran ofrecidas y comercializadas como fierro viejo en un establecimiento de compra-venta de metales. La situación fue documentada por ciudadanos que transitaban por la zona.

Cabe destacar que las barras de contención instaladas en vías federales conservan su carácter de bienes públicos aun cuando resulten dañadas. Por ello, su retiro, resguardo, baja o eventual disposición debe apegarse a procedimientos administrativos específicos. En caso de que dichos bienes sean vendidos sin la debida autorización, podría configurarse un incumplimiento a la normatividad vigente en materia de manejo de patrimonio federal.

Especialistas en administración pública señalan que este tipo de infraestructura debe contar con actas de retiro, registros de inventario y folios de baja, además de mecanismos de transparencia que permitan conocer su destino final. Asimismo, cualquier recurso económico obtenido por su venta tendría que ingresar a las arcas correspondientes, aspecto que hasta el momento no ha sido esclarecido.

Mientras tanto, el tractocamión fue retirado del lugar con apoyo de grúas y trasladado a un corralón, en tanto se espera la llegada de la aseguradora de la empresa Patsa para realizar el peritaje oficial y cubrir los daños ocasionados tanto a la infraestructura federal como a los vehículos particulares involucrados.