En términos de manejo de las finanzas públicas, los gobiernos de Cuitláhuac García Jiménez y Javier Duarte de Ochoa se parecen mucho, es más, se puede afirmar que adolecen del mismo mal: la propensión al desmedido endeudamiento con las consecuencias nefastas para el futuro crecimiento de la entidad.
Todos recordamos cómo un personaje desquiciado por el poder como Javidú hundió a la administración pública estatal en una vorágine demencial, cuyas consecuencias aún estamos pagando los veracruzanos.
Esa lección no sirvió de mucho, pues es claro que Cuitláhuac no ha aprendido nada. Una y otra vez, el gobernador chiquito de un estado grandote ha recurrido al camino fácil del endeudamiento para superar lo que llaman “insuficiencia de liquidez”, como acaba de suceder hace unos días, pues contrató dos nuevos créditos por 500 millones de pesos.
Esto pudo conocerse, no porque el gobernador lo revelara en alguna de sus conferencias de prensa, remedo de las mañaneras, con las que pretende manipular a la opinión pública veracruzana. No, para nada. Esos temas se procuran mantener en lo oscurito.
El tema trascendió porque apareció en un reporte sobre disciplina financiera elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir la instancia rectora de las finanzas públicas nacionales, porque lo que es a nivel local, seguramente la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), hubiera hecho comedido mutis.
Se trata de dos créditos contratados con BBVA México, S.A. Institución de banca múltiple, uno por 300 millones de pesos y otros por 200 millones de pesos. Los préstamos los recibieron el 20 de marzo, y reportaron ante Hacienda su contratación el 26 de marzo, apenas 14 días antes de la revocación de mandato que se dio el 10 de abril de este mismo año. Se tendrán que liquidar en un plazo no mayor a un año, es decir deberán pagarse antes de marzo de 2023.
A eso nada más súmele el endeudamiento anualizado, según lo informado por el titular Sefiplan, José Luis Lima Franco, a los diputados de la 66 Legislatura: en 2018, apenitas entrando, se contrataron créditos por 2 mil 500 millones de pesos; en 2019, 2 mil 400; en 2020, mil 800 millones; en 2021, otros mil 800 millones y en 2 mil 300 millones, más los últimos 500 milloncitos, para un total de 11 mil 300 millones de pesos.
Esto, independientemente de la llamada “deuda histórica” que se atribuye a los odiados gobiernos “de antes”, es decir, de Yunes para atrás, que se dice asciende a más de 40 mil millones de pesos, aunque vaya usted a saber si esto está verdaderamente sustentado o lo están inflando convenientemente.
Transitamos ya más de la mitad del primer gobierno morenista en Veracruz y todo anticipa que la entidad seguirá hipotecada en el futuro, quizá por eso García Jiménez se ve tan involucrado en su proceso sucesorio, pues como van las cosas desde luego que necesitará negociar para que le cuiden la espalda, por aquello de que los números no cuadren.
Otro flanco en el que no atina a dar una el gobierno morenista, es lo que tiene que ver con la inseguridad. Veracruz es uno de los estados del país con más homicidios dolosos, más feminicidios y más desapariciones de personas.
Apenas este lunes, al redactar estas líneas, se reportaba en Cosoleacaque el asesinato de dos periodistas, Yesenia Mollinedo y Sheila García, quienes era ampliamente conocidas en aquella región sur del estado. La primera era directora del portal El Veraz y la segunda, reportera del mismo medio. Ambas fueron emboscadas y ejecutadas cuando se dirigían a abordar el vehículo en que se transportaban.
Al respecto, la fiscal estatal, Verónica Hernández Giadáns, como si recitara un libreto largamente aprendido, dijo no habrá impunidad en el caso y que serán agotadas las vías de investigación para esclarecer los hechos, incluyendo su actividad periodística. Es decir, la misma actitud simuladora de siempre, por lo que seguramente los crímenes de Yesenia y Sheila pasarán a engrosar la larguísima lista de la impunidad en Veracruz.
