Año 2020. Guardia Nacional con mando militar. Asesinatos en el país 32,000.  Detenidos por la guardia nacional puestos a disposición de las autoridades ministeriales: 16 personas.

La futilidad de la discusión (distracción) del mando militar o civil de la guardia nacional queda de manifiesto cuando observamos la realidad de la situación de prevención del crimen en el país.   Sea mando militar o civil, no hay ninguna intención de prevenir los delitos en México, desde el cambio de milenio a la fecha.

Ni Fox, ni Calderón, ni Peña, ni López invirtieron tiempo y dinero en fortalecer la seguridad pública municipal, estatal o federal.   Desde hace más de 20 años, se habla de fortalecer las policías locales, sin que ningún mandatario haga algo al respecto. Paradójicamente, en Veracruz, Javier Duarte fue de los pocos gobernadores que invirtió en tener una policía estatal equipada con el suficiente poder de fuego para enfrentar y frenar a los grupos de delincuencia organizada.   Esfuerzo que Miguel Ángel tiró a la calle por razones políticas.

Aunque a los mexicanos no les quede claro, las fuerzas armadas no están capacitadas para investigar delitos, para prevenirlos y mucho menos para tratar con la población civil.  A ellos se les ha instruido y capacitado para enfrentar y matar a un enemigo. Sin miedo y sin piedad.  Esto es verdad, aunque en este sexenio hayan recibido la orden de permitir ser humillados y vejados, ante los ojos asombrados, indignados y apenados de decenas de millones de mexicanos.

Si reflexionamos un poco, sabemos que el mando civil o militar de la guardia nacional no hará diferencia alguna en cuanto a la cantidad de delitos que se cometen en el país.  Eso lo sabemos intuitivamente todos los mexicanos, porque también sabemos que todos los cuerpos de seguridad del país están coludidos con el crimen organizado. Hay contactos, y hay tolerancia en el mejor de los casos, y complicidad en el peor de ellos.

Es irrelevante quién dirija la guardia nacional.  Los argumentos de la oposición en cuanto a teoría jurídica, tienen una validez intachable. Pero fuera de eso, para el mexicano de a pie, es una discusión bizantina.  Ni el mando civil, ni el mando militar hacen diferencia en un país en el cual la ley es letra muerta, y solo se aplica a conveniencia del poder en turno.

Se menciona que el ejército está sujeto al fuero militar, y con ello, resulta muy difícil acusar, demostrar y castigar una violación de derechos humanos.   Cómo si las autoridades civiles fueran impolutas. Exactamente lo mismo sucede con los funcionarios de seguridad civiles. Viven en la totalidad impunidad.  Al grado de que muchas veces son las mismas autoridades las que cometen crímenes a sabiendas de que su carácter de autoridad los protege en un país en dónde la ley es solo una palabra sin sentido para la mayoría de la población.

El tema de fondo va mucho más allá de quién mande o dirija una institución de seguridad. Dejemos que los ministros de la Suprema Corte diriman esta discusión de mando militar o civil, y prestemos atención a lo verdaderamente importante:   La seguridad pública está dentro de las últimas prioridades de cualquier gobierno.

En México, el alcalde, el gobernador, el presidente de la República, todos ellos y todos los funcionarios por ellos seleccionados en el poder ejecutivo federal, estatal o municipal, sumando también a los integrantes del poder legislativo estatal o federal, y pasando por los funcionarios del poder judicial, todos ellos, llegan a sus puestos buscando crear un patrimonio más allá de lo que su salario les permite.   México es una República de Ladrones, en la cual no sólo los funcionarios públicos, sino una inmensa mayoría de la población, roba ante la primera oportunidad que se le presenta.   Es más, quien llega a un puesto público y no roba ni se enriquece, es visto como tonto, como idiota, o simplemente nadie cree que sea honesto, a pesar de que lo sea, porque todos los que observan desde fuera, si estuvieran en su lugar, no conciben actuar con honestidad.

No me malinterpretes, también hay millones de mexicanos honestos, hombres y mujeres que trabajan, que se esfuerzan, que jamás dispondrían de lo ajeno para su beneficio. Pero ellos, en una situación como la actual, son una población silenciosa.   Los que se notan, son los que aprovechan cualquier situación para hacerse de lo que no es suyo. 

Desde el peón de campo que le roba a su patrón, el patrón que le paga lo menos posible al peón de campo.  El humilde trabajador que piensa que por ser humilde tiene derecho a robar o a saquear. El que es feliz al encontrar un accidente y acude a la rapiña, el que se encuentra un objeto perdido y se apropia de él.  El que dispone de recursos públicos para su beneficio, ya sea para un gasto menor, un viaje o para hacer un gran patrimonio.  En todos lados observamos mexicanos robando…. ¡Y no pasa nada!  Ni siquiera rechazo social. El ladrón, el criminal, es visto como una persona hábil ¨que la supo hacer¨, envidiado y aplaudido por un amplio sector de la población.  Muy escaso rechazo, nulo repudio.  En una República de Ladrones, el criminal es bienvenido.

Miles de puestos públicos cambian cada período, regidores, síndicos, alcaldes, funcionarios, gobernadores, diputados, senadores, y todos (quizá el 99%), se benefician indebidamente de sus puestos. 

Ante esto, si el mando de la guardia nacional es civil o militar, se convierte en una discusión bizantina, absolutamente irrelevante.

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