Córdoba, Ver.— Familiares de Abraham, joven operador de grúa del tránsito municipal de Córdoba, fallecido tras un accidente de tránsito, solicitan justicia y exigen a la Fiscalía General del Estado de Veracruz una revisión exhaustiva del peritaje realizado por las autoridades.

El accidente ocurrió la madrugada del viernes 8 de agosto, alrededor de las 00:30 horas, cuando Abraham se dirigía a su domicilio tras concluir su jornada laboral. Según la versión de los familiares, el joven circulaba con preferencia por la avenida 6 y al llegar a la intersección con calle 21, fue impactado por un tractocamión tipo torton de color amarillo cuyo conductor presuntamente no respetó el alto obligatorio.

El conductor del vehículo de carga, identificado como Adán “N”, de aproximadamente 45 años, habría intentado darse a la fuga, pero fue detenido más adelante por la intervención de taxistas y jóvenes de un centro de atención social cercano. El individuo fue arrestado en la avenida 12, entre calles 7 y 9, en la colonia Centro, mientras se dirigía al mercado Revolución para realizar una entrega.

A pesar de estos hechos, los familiares denuncian que el presunto responsable fue puesto en libertad y señalan presuntas irregularidades en el peritaje a cargo de la perito Johana Valero Sánchez. Alegan que la escena del accidente fue alterada y que los elementos recabados permitieron construir una versión en la que la responsabilidad recaería sobre la víctima, quien falleció en el lugar de los hechos.

Asimismo, indican que solicitaron acceso a grabaciones del sistema de videovigilancia C4, así como de cámaras particulares de viviendas y comercios cercanos. No obstante, afirman que dicha información ha sido negada o retirada, y que varios testigos han optado por guardar silencio presuntamente por temor a represalias.

Con los hashtags #JusticiaParaAbraham, #RocíoNahle y #ClaudiaSheinbaum, los familiares han iniciado una campaña pública para visibilizar el caso y solicitar la intervención de autoridades estatales y federales. Advierten que la liberación del presunto responsable representa un riesgo para otros ciudadanos y exigen que se investigue a fondo el proceso judicial y pericial.