Prefacio.
La situación legal se le complica a la exalcaldesa de Xalapa Armida Ramírez Corral, involucrada en un caso de extorsión y cohecho en el que también aparece señalada la actual titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) la exatleta Ana Gabriela Guevara. *** En la misma carpeta de investigación se revisa la desaparición de Édgar Álvarez Flores, elemento de la Policía Ministerial señalado de haber recogido el producto de la extorsión (más de dos millones de pesos) y que hasta la fecha sigue desaparecido. *** Armida Ramírez habría declarado ante la Fiscalía que no conocía a quien hoy está desaparecido, cuando era ampliamente conocida su cercanía y existen testimonios fotográficos. *** Ana Gabriela Guevara, por su parte, desde la Ciudad de México, ante medios de comunicación, se ha deslindado del caso y se ha limitado a señalar que se trata de “guerra sucia”. *** En las declaraciones de testigos de estos hechos, ha surgido otro nombre, el de la actual titular de Investigaciones Ministeriales en la Fiscalía General del Estado (FGE) Marcela Aguilar Landeta, a quien también le resultaría responsabilidad penal. *** Este caso hará mucho ruido en los próximos días.
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Sin importar cuál sea la decisión del Pleno de la Legislatura local para definir al próximo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) el asunto tendrá que dirimirse en tribunales.
¿La razón?
Simple: El procedimiento es ilegal, pues se contrapone a lo que establece la Constitución Política del Estado de Veracruz en su Artículo 67.
Las inconsistencias iniciaron desde el momento en que se publicó la convocatoria. La Constitución señala que, a partir de la “ausencia definitiva” del Fiscal, “el Congreso contará con cinco días naturales para emitir Convocatoria pública, a los ciudadanos, organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones, para que presenten propuestas a efecto de cubrir la vacante”.
La Gaceta Oficial del Estado publicó el 26 de marzo del presente año el “acuerdo que resuelve separar definitivamente al c. Jorge Winckler Ortiz del cargo de Fiscal General del Estado por el incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondientes, como elementos del acto condición de su nombramiento y necesarios para el ingreso y permanencia en el cargo”.
Los “cinco días naturales” que ordena la Constitución se cumplieron el último día de marzo, y sin embargo la convocatoria fue publicada un mes después, el 30 de abril.
Quepa aquí la justificación de que los plazos se cumplieron en plena contingencia sanitaria, aunque si sesionaron a pesar de las restricciones en el mes de abril, lo mismo pudieron hacer el 31 de marzo.
En la convocatoria se advierte que “la Junta de Coordinación Política, como Órgano de Gobierno y de mayor representación parlamentario del Poder Legislativo, será la encargada de desarrollar el proceso de selección de la terna para el cargo de Fiscal General del Estado de Veracruz, en adelante Fiscal General”.
Eso, sin embargo, se contrapone con el Artículo 67 de la Constitución que dispone que, una vez recibidas las propuestas de las personas que podrían ocupar el cargo “la comisión encargada del ramo” (esto es, la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales) citará de inmediato, y por un término no mayor de diez días naturales, a comparecer a las y los ciudadanos que cumplan los requisitos, con objeto de que aporten mayores elementos que permitan conocer sus objetivos de trabajo en la materia”.
La convocatoria, sin embargo, establece que “la Presidencia de la Junta de Coordinación Política identificará a las y los aspirantes que cumplan con los requisitos y los citará de inmediato, y por un término no mayor de 10 días naturales, a comparecer ante la Junta de Coordinación con el objeto de que aporten mayores elementos que permitan conocer sus objetivos de trabajo en la materia”.
La Constitución establece que en un plazo de tres días naturales, contados a partir de que haya concluido el periodo de comparecencias, “la comisión del ramo (esto es, Justicia y Puntos Constitucionales) deberá emitir su dictamen, que contendrá una terna de candidatos, el cual será sometido al Pleno del Congreso del Estado, para que se realice el nombramiento”.
La convocatoria, por el contrario define que “finalizadas las entrevistas, la Junta de Coordinación Política emitirá en un plazo no mayor a tres días naturales el Proyecto de Punto de Acuerdo que contendrá una terna de candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General, el cual será sometido dentro de un plazo de cinco días hábiles al Pleno del Congreso del Estado, para que se realice el nombramiento correspondiente”.
El Artículo 80 de la Constitución de Veracruz lo deja muy claro: “En el Estado de Veracruz, la Constitución y leyes federales, los tratados internacionales y esta Constitución serán la ley suprema”.
Por lo tanto, hay que acatarla.
Hasta el domingo, día en el que se vencía el plazo marcado por esta “singular” convocatoria, habían sido inscritas 12 propuestas:
Tomás Mundo Arriaza, que tiene el respaldo de la Barra Interamericana de Abogados y de la Red Veracruzano Inocente; Verónica Hernández Giadans, la actual encargada del despacho de la Fiscalía; Elizabeth Morales García (no se confunda, no es la exalcaldesa de Xalapa, quien, por cierto, no es abogada y no calificaría para el cargo); Gabriel Alejandro Williams Mendoza, Fernando Herrera Escobar, Florencio Hernández Espinosa (fue Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Zongolica), Alejandro Lagunes Toral, Francisco Enrique Valera Ramírez, Yuriria Torres Pérez, Cosme Monroy Santos (exalcalde de Moloacán), Ricardo Javier Carrillo Almeida y Jorge Yunis Manzanares, (exsubprocurador de justicia, señalado de tener nexos con la delincuencia organizada).
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Epílogo.
Se había mencionado que participaría y muchos destacaron su capacidad y experiencia. Al final, el abogado Bertoldo Reyes Campuzano anunció en redes sociales que decidió no inscribirse “porque no creo en la seriedad del gobierno actual”. *** Su crítica fue puntual y muy severa para la actual administración en materia de procuración de justicia: “Tienen muy pocas personas competentes para investigar delitos, y la policía no es suficiente para atender los actos de investigación; tienen el mismo número de elementos que en 1992, cuando se atendían 30 mil casos al año; ahora, con el mismo numero de agentes atienden 58 mil asuntos, y las unidades de procuración de justicia por distrito mínimo necesitan 10 fiscales, y están trabajando con cuatro en promedio”. *** “Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Orizaba, Xalapa y Tuxpan mínimo necesitan 25 fiscales, y si crees que me equivocó investiga cuántas carpetas practica al año un fiscal, es ilógico que tengan o conozcan de más de 150 al año, por eso tenemos una impunidad del 98% (…) Pero lo más grave: las policías no conocen plenamente su función en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y menos los mandos superiores. No tienen idea de lo que es la teoría del caso, ni de la importancia de la función policial en el sistema acusatorio”. *** ¿Se quedó usted en casa este fin de semana? Por favor, siga ahí. La noche de este domingo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que Veracruz, Baja California, Tabasco y Sinaloa superaron a Quintana Roo en el número acumulado de casos confirmados de Covid-19.
