En desayuno con empresarios, académicos y estudiosos del derecho, la combativa Magistrada Concepción Flores Saviaga, quien se ha caracterizado por luchar por el correcto uso del derecho en las instancias de impartición de justicia, fue incluida como viable para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, en sustitución de Edel Álvarez Peña.
Ante los cambios que se avecinan en el Poder Judicial de Veracruz, Concepción Flores Saviaga participó invitada a un desayuno con sectores productivos y académicos, quienes vieron la necesidad de enderezar algunas formas de impartir justicia en Veracruz y restablecer el estado de derecho a las veracruzanas y los veracruzanos.
En la reunión participaron académicos y íderes empresariales como Octavio Jiménez Silva, Gerardo Libreros Cobos, Luis Sánchez Ávila, Oswaldo Hernández Hernández, Jesús Abraham Rivera Juárez, Ignacio Osorno Estrada, Carlos Salvador Abreu Domínguez, Elías Galicia, Alfredo Yatzin García Zamudio, Ruperto Cortina Melchor, Ruperto Cortina Pérez, Eduardo Cortina Pérez, Miguel Antonio Domínguez Zilli, Eric Horacio Basto, Claudia Bouchez Guzmán, Sergio Valadés Alatorre, Gabriela Cruz de Terrón, José Raymond Cedillo, María Álvarez Zamorano, Luis Serrano López, Manuel Fernández Chedraui, Ivonne Quirarte, Mario Abel Alavés Aguirre, Arturo Segovia Flores, Jesús Jaramillo Díaz de León, Guillermo Rodríguez Ortiz, a José Miguel Halston Parada, Ruben Benítez Llerena, Manuel Selem Hurtado, Rafael Ramírez Tirado, Jesús Serena García, Evelyn Jiménez López, César Hernández Hernández, Jose Benites obeso, Germán Martínez Márquez, Gerardo Murillo Martínez, Juan José Niño tejedor, Luis Sánchez Ávila.
En el uso de la palabra, la magistrada Concepción Flores Saviaga dijo: “En su obra “El futuro de la democracia”, el muy atinado jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio decía que la democracia es el gobierno de las leyes por excelencia y hoy, a poco más de tres décadas que esta obra vio la luz, vale la pena dar apertura a espacios de reflexión que nos permitan dar un balance del estado que guardan las democracias en el mundo. Entender entonces el sentido y lucha de los derechos de libertad, igualdad y justicia ante los claroscuros intentos de dar rumbo a la participación ciudadana y empresarial que busque salvaguardar la integridad de los derechos reconocidos por nuestros instrumentos normativos.
Y es justamente aquí, donde la tarea del abogado y de quienes impartimos justicia, radica en nuestra obligación y deber moral de cerrar las brechas de la desigualdad social para dar paso a una sociedad más justa y con mejores oportunidades de desarrollo, a una sociedad donde se reconozcan y respeten los derechos individuales y colectivos de todas las personas y sus respectivas esferas sociales, incluyendo, por supuesto, al sector empresarial, columna vertebral del desarrollo de México, pero que en los últimos años ha denunciado flagrantes atropellos jurídicos al multicitado, pero poco practicado Estado de Derecho.
No cabe duda que vivimos tiempos de cambio y de transformación del poder; la corrupción, la inseguridad pública, la impunidad y la falta de aplicación de un auténtico Estado de Derecho han ocasionado que no haya estabilidad y crecimiento económico como quisiéramos y como el potencial de nuestro Estado lo debería de hacer. Si bien es cierto, la facultad de ejecutar las políticas económicas y los mecanismos necesarios para la inversión es del Poder Ejecutivo, es de vital importancia hacer mención que quienes servimos al Estado desde el Poder Judicial tenemos la responsabilidad de aplicar las disposiciones legales bajo un justo criterio que salvaguarde la igualdad jurídica entre los justiciables.
Hoy, la iniciativa privada ha encendido los focos de alarma a nivel nacional ante la inminente incertidumbre de la política de inversión implementada por el Estado Mexicano, donde se habla de un estancamiento económico nacional; ante tal situación, es necesario que los poderes de la Unión establezcamos el cumplimiento de mecanismos jurídicos que garanticen un auténtico Estado de Derecho.
Veracruz, tuvo años oscuros, años en los que la deuda a empresarios por parte del gobierno incrementó potencialmente y, desafortunadamente fue la corrupción y la impunidad tanto en instituciones públicas revisoras y de control interno los factores que provocaron que no se ejecutaran los pagos a tantos empresarios de buena voluntad que han invertido en nuestro Estado, lo cual ha provocado, aunado al aumento de la inseguridad pública, a que empresarios locales dejen de invertir en la entidad y prefieran hacerlo fuera de Veracruz.
El Poder Judicial tiene el deber de hacer cumplir la ley, es decir, obligar al propio poder público ejecutor a cumplimentar las denuncias que el sector privado ha presentado y, de esta forma, contar con una justicia que eficiente la estabilidad económica con quienes invierten.
Tengo el honor de servirle a la justicia desde el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y déjenme decirles que estamos de frente a una nueva reforma laboral, una reforma que precisamente atiende demandas de la iniciativa privada, ya que es una reforma derivada de los cambios internacionales en el Tratado México- Estados Unidos- Canadá (T-MEC), donde la búsqueda de la democracia sindical y la negociación colectiva dio apertura a cambios constitucionales a la materia laboral, un asunto de vital importancia para el crecimiento de las empresas públicas y privadas al transparentar lo que por años fue un espacio restringido para unos cuantos que al amparo de la impunidad iban en detrimento del justiciable y por ende, del pueblo de Veracruz.
Sin duda, el paquete de cambios normativos en nuestro país exige del estricto cumplimiento de la ley, como es el caso de la Norma Oficial Mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual resulta ser una disposición normativa de vanguardia laboral, puesto que establece el cuidado no solo físico del trabajador sino también el de su salud mental, logrando con ello elevar la productividad de las empresas al contar con empleados psicosocialmente sanos y con disposición de hacer crecer sus empresas.
Señoras y señores empresarios, compartir los alimentos en esta mañana con ustedes, representa para una servidora un alto compromiso, es hora de que quienes impartimos justicia salgamos a atender todas y cada una de las demandas de nuestros empresarios, de nuestra gente que es el centro de la labor judicial.
Han sido años de lucha, hoy, por ejemplo, enfrento una lucha legal desde hace mucho tiempo ante una evidente discriminación por razón de género en el propio Poder Judicial, no es posible que en el mismo Poder Judicial haya desacato, las instancias federales me han concedido la protección de la justicia federal y estoy convencida de lo que soy y recordar siempre del porqué desde muy temprano me levanto para comenzar a trabajar por la justicia en Veracruz.
En dos semanas habrá renovación en el Poder Judicial del Estado de Veracruz y no podemos permitir que los de siempre se sigan perpetuando en el poder, no podemos permitir que la impartición de la justicia siga en manos de quienes anteponen los intereses personales de los ´públicos; por tal razón, he decidido ir en búsqueda de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y lo haré de la mano de los justiciables, de abogadas y abogados comprometidos con Veracruz, de mis maestros y también de mis alumnos y, si ustedes me lo permiten, de la mano de ustedes, de las empresarias y empresarios honestos y de buena voluntad que día con día, desde sus centros de trabajo buscan reivindicar la fortaleza de Veracruz.
La búsqueda del Estado de Derecho es mi prioridad, cumplir y hacer cumplir la ley es y seguirá siendo mi razón de ser, así siempre lo he hecho. Es tiempo de las mujeres, son más de 20 años en los que he impartido justicia, conozco y he vivido los estragos de la injusticia y del poder, pero estoy de pie, con la frente en alto y lista para seguir trabajando por Veracruz desde el Honorable Poder Judicial”.
Concepción Flores Saviaga cuenta con amplia trayectoria y experiencia en el sistema judicial, donde en breve habrá cambios y cuenta con la aceptación de un amplio sector e la sociedad.
