El fantasma de Porfirio Díaz Mori aún deambula por el barrio de La Huaca, se santigua en la Iglesia del Cristo del Buen Viaje y se toma un café con su estatua de bronce erigida en su memoria, en el Puerto de Veracruz.

Y es que el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento sigue ocupando la red de agua potable enterrada por el ex presidente cuando construyó el puerto, inaugurado en 1902. Desde el 16 de julio del 2016, año en el que, para infortunio de los porteños, empezó operaciones este esperpento comercial que ahoga a los usuarios, tras una fusión de Aguas de Barcelona y la multicitada, vilipendiada y corrupta Odebrecht, no ha habido beneficios para los usuarios.

La herencia de Javier Duarte de Ochoa y Ramón Poo Gil que se convirtió en un Frankenstein hidráulico que se bebió a grifo abierto más de 5 mil millones de pesos desde que inició operaciones, con sólo computarizar los recibos de cobro del liquido que viene del río Jamapa.

Pobre Veracruz, tan lejos de Dios y tan cerca del Grupo MAS.

El mejor negocio del mundo, cobrar el agua que es patrimonio nacional, con una inversión raquítica de 360 millones de pesos. Una ganancia de 4 mil 640 millones de pesos.

El yugo del Grupo MAS es una tienda de raya en pleno siglo XXI, con reminiscencias más crudas y grotescas, en perjuicio de los indefensos usuarios quienes han interpuesto 10 mil quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por el terrorismo que ejerce este organismo privado, en menoscabo de sus derechos humanos, al imponer tarifas arbitrarias y unilaterales que se ajustan al alza cada mes, cortar el fluido de agua a las tomas domiciliarias ante la morosidad, el cobro de consumo sin que se habite la vivienda, la transferencia del costo de una obra de drenaje o nueva red de agua a los vecinos que solicitan el servicio, hasta el cobro del servicio por la cantidad de metros cuadrados que tenga la casa, vivienda o residencia.

Ni Santana, su Alteza Serenísima, que enterró su pierna con honores militares en su hacienda de Manga de Clavo, en la comunidad de Vargas, zona rural de Veracruz, se atrevió a tanto.

La primera vez que se cobró en México el impuesto a puertas y ventanas fue de noviembre a diciembre de 1832, y en 1843 se mandó elaborar un proyecto de ley para instaurarlo, pero jamás se concretó. Santa Anna decretó su versión del gravamen el 9 de enero de 1854, durante el que sería su último periodo de gobierno. Lo denominó “impuesto a luces exteriores”, pues decía que cobraba por luz solar y de farol que ingresaba a las casas, según relato de Héctor Strobel.

Su propósito -escribe Strobel en relatos e historias en México- era gravar la cantidad de puertas (incluyendo zaguanes) y de ventanas o balcones. La tarifa era progresiva y variaba de acuerdo con el sitio de la vivienda. Las casas de Ciudad de México y las de las capitales de los estados, por ejemplo, pagaban más que las de otras ciudades, villas o pueblos del país. Asimismo, una casa que se encontraba en los suburbios pagaba menos que otra que diera frente a una plaza mayor o calle principal.

“Tienen de los peores sistemas de agua potable en todo el país, no es el único privatizado, pero sí es el peor. Son miles de quejas que hemos ido acumulando y tenemos una acción colectiva que en los últimos tres años se ha venido acumulando este procedimiento, por cobros excesivos, porque tienen tarifas basadas en metros cuadrados, lo cual es totalmente ilógico, es el único lugar en México y en el mundo, diría yo, que tienen este tipo de cobros”, dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, el jueves 20 de julio en la picota pública llamada “La mañanera”.

Se armó la tolvanera mediática cuando el procurador del comercio acusó que el Grupo Mas “tiene amigos” en el seno de la 66 legislatura veracruzana. Sin que Sheffield hubiera mencionado nombres y apellidos, se desgarraron las vestimentas y se posaron al sol del escrutinio público cual Diógenes huehuenches los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Jucopo, Fernando Arteaga Aponte y el panista Enrique Cambranis.

Más allá de las pataletas y defensas ociosas, nadie de los legisladores federales y locales han dado batalla para recuperar la dignidad de los veracruzanos, inermes, desarmados legalmente ante el monstruo devorador de las finanzas familiares que representa el Grupo MAS.

Patricia Lobeira Rodríguez, alcaldesa institucional que no de facto en el palacio municipal de Veracruz, sostiene que despedir al Grupo MAS por la Puerta de la Reina en los muelles de Veracruz, para que se marche de una vez y para siempre de la tetra heroica ciudad, costaría la friolera de 3 mil millones de pesos de compensación por recisión de contrato.

José Magdaleno Rosales Torres, diputado por Medellín de Bravo, acusa, de palabra, verbo y circunstancia, que el Grupo MAS tiene “maiceados” a los cinco ediles del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, argumento que retrasa la disolución, en sesión pública, del contrato con el multicitado Grupo MAS.

La resultante final será que el vendaval mediático, el carnaval de saliva provocado por una declaración matutina de Machuchón de Palacio Nacional, se perderá en la rutina de los días, se disolverá como tema discursivo en las mesas de café y quedará asentado en la verborrea presidencial en la hemeroteca digital, como ha pasado con la Torre Centro.

El calvario de los diez mil usuarios que han perdido dinero y tiempo al tramitar una queja ante la Profeco por los abusos de esta empresa privada, sólo será un distractor más, una bola de humo, una caja china para mantener el rating popular de La Mañanera.

Nada pasará en beneficio de la gente.

Al rato Grupo MAS nos cobrará por lo que mideE la casa del perro, que también se baña.