La Gobernadora aseguró que su administración no distingue colores partidistas y que la actuación contra los ediles de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván corresponde exclusivamente a la Fiscalía

Xalapa, Ver. — La gobernadora Rocío Nahle García rechazó categóricamente que las solicitudes de juicio de procedencia contra los alcaldes de Movimiento Ciudadano en Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y en Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, respondan a persecución política, luego de que la dirigencia estatal de MC acusara “rapidez selectiva” de las instituciones contra opositores.

La Mandataria enfatizó que el proceso está en manos de la Fiscalía General del Estado, la cual solicitó al Congreso local que ambos ediles sean sometidos al procedimiento de declaración de procedencia. Movimiento Ciudadano había señalado que, mientras el crimen organizado avanza con impunidad, la justicia actúa con celeridad inusual cuando se trata de adversarios políticos, y exigió a la Fiscalía actuar con autonomía y sin ser utilizada como herramienta contra el régimen.

“Yo he dicho que voy a ser muy respetuosa del debido proceso, esto corresponde a la Fiscalía… en su momento serán la Fiscalía y el Poder Judicial, un juez, una jueza, quien determine en base a las evidencias. Esto no es político”, afirmó Nahle.

La Gobernadora también desmintió las versiones sobre presuntas invitaciones a los alcaldes de MC para sumarse a Morena, asegurando que consultó directamente al dirigente estatal de su partido y que dicha invitación nunca existió. Subrayó que, de tratarse de un alcalde de su propio partido, el proceso legal habría sido idéntico, pues en su gobierno “no caben los sesgos partidistas”.

Como ejemplo de su relación plural con los 212 municipios del estado, la Mandataria citó la cancelación de la bursatilización, proceso en el que —dijo— participaron los 212 ayuntamientos sin distinción de filiación política, en beneficio de Veracruz.

Finalmente, la Gobernadora reiteró que cualquier señalamiento de irregularidades contra militantes de su propio partido debe investigarse “hasta las últimas consecuencias”, sin distinción, y que cada persona es responsable de sus actos y decisiones, sin que su gobierno respalde a quien haya actuado mal.