Orizaba, Ver.- Luego de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje se cerraron en octubre pasado y dejaron de recibir cualquier clase de trámite en todo México, la oficina ubicada en el municipio de Ixtaczoquitlán continúa trabajando para desahogar el rezago de los casos que quedaron pendientes, informó el encargado de la Junta Especial numero 12 Ernesto Julio Hernández Pérez.
En entrevista detalló que derivado de la Reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo en 2019, que busca que la resolución de conflictos entre patrón y trabajadores sea más eficiente, en la junta a su cargo se tienen alrededor de 530 casos pendientes, mismos que deberán resolverse en un periodo de dos años, esto de acuerdo con la meta puesta por las autoridades federales.
Detalló que muchos de estos casos tienen una dilación en las resoluciones debido a que alguna de las dos partes involucradas interpuso algún amparo y esto mantiene el pausa el caso hasta por periodos de dos años generando que algunos expedientes tengas hasta 6 años.
ues sólo hay un actuario, una secretaria de acuerdo que funciona también como proyectista y una escribiente que a veces tiene hasta 4 audiencias; “una a las 8 y media, otra a las 11, otra a la 1 y a veces se retrasan y se va recorriendo y hay algunas incluso que empiezan a las 6, lo que afecta a los abogados y al personal”.
Sin embargo, dijo trabajan a marchas forzadas para lograr cumplir la meta de dos años y descargar el exceso de expediente que por alguna u otra circunstancia se fueron alargando.
Aunque dijo que actualmente ya no reciben casos, si están buscando la manera de resolver los 534 casos que están pendientes. “Hay algunos del 2014, del 2015 pero no es por un atraso del trabajo de la junta sino porque en las etapas procesales, procedían amparos y tardaban de uno a dos años en regresar y luego la otra parte metía otro amparo, pero actualmente ya estamos celebrando convenios”.
Es de mencionar que la decisión de desaparecer las juntas de conciliación y Arbitraje se tomó para así eliminar los vicios que con ella se habían creado, como los juicios excesivamente largos a los que se enfrentaban tanto trabajadores como patrones, así como la presencia de terceros que sin autorización oficial realizaban trámites ante estas instancias, dando paso a los Tribunales Federales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que están operando en Veracruz, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Baja California, Guerrero, Tlaxcala, Querétaro, Colima, Quintana Roo y Baja California Sur.
Para este nuevo modelo de resolución de conflictos se tienen alrededor de 190 conciliadores federales y 620 locales, mientras que en los tribunales se cuenta con 131 jueces federales y 190 magistrados locales.