Tras más de 85 mil homicidios y ejecuciones –los últimos dos años han sido los más violentos en la historia del país-, la desaparición de instituciones como la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como la expansión de los grupos de la delincuencia organizada en todo el país, el Presidente López Obrador ha decidido esconder bajo la alfombra a la Guardia Nacional (GN).
De manera anticipada, el primer despliegue táctico de la GN fue el 27 de abril de 2019 en los municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos, luego de una serie de enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada y el multihomicidio de 14 personas que celebraban una fiesta familiar.
La Ley de la Guardia Nacional se promulgó exactamente un mes después y en ella se establece que su función principal es garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, prevenir la comisión de delitos, así como realizar investigaciones para cumplir este objetivo, además de efectuar tareas de verificación para la prevención de infracciones administrativas. La nueva corporación asumió oficialmente todas las funciones policiales federales hasta el 31 de diciembre de 2019.
Ahora, con menos de dos años vida, la intención del Presidente para enviar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no es más que el trágico colofón de la crónica de un fracaso anunciado en su estrategia de seguridad pública. Nunca hubo abrazos, sólo balazos.
La Guardia Nacional no cumplió su objetivo de sentar las bases para que el Ejército regresara a los cuarteles. Acaso sólo sirvió de policía fronteriza, sujeta a los intereses del gobierno de Estados Unidos. La ausencia de inteligencia y la falla en las operaciones en tierra confirmaron que fue un gran error desaparecer a la Policía Federal y al CISEN. Fue un capricho basado en prejuicios políticos.
Lo que en realidad el Presidente López Obrador está proponiendo es la extinción de la Guardia Nacional, utilizando el sofisma de que se trata de integrarla al Ejército. En los hechos, siempre fueron lo mismo. El decreto publicado en mayo de 2011 permite que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional. Ese fue el primer paso hacia su extinción.
Hoy intenta acabar con esa simulación, y de paso, desaparecer lo que ha sido uno de los mayores fracasos de su administración. El Presidente se quita la máscara y convierte en militar lo que siempre dijo que sería una policía civil distinta a las fuerzas armadas. Será la primera vez en más de un siglo que el país no cuente con una policía federal y que sólo el Ejército esté a cargo de la seguridad pública.
Aunque no conocemos el contenido de la propuesta salvo por lo que han publicado algunos medios, es evidente que el Presidente López Obrador se quiere deshacer de la Guardia Nacional y endosar el costo político, primero al Congreso, y después a las fuerzas armadas.
Para ello se tiene que reformar el artículo 21 constitucional, que señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, «serán de carácter civil», sujeto a bases mínimas que incluyen:
∗ La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
∗ La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del ramo de seguridad pública.
Como Grupo Parlamentario del PRI, en su momento apoyamos la creación Guardia Nacional. Analizamos la propuesta del Presidente y votamos a favor de la integración de una policía civil, aprobamos las leyes en la materia y se le dotó del presupuesto suficiente. Nunca fuimos un obstáculo sino todo lo contrario.
Sin embargo, en la historia del país ninguna corporación de seguridad pública había fracasado en tan poco tiempo. El Presidente lo sabe y por eso quiere disimular su desaparición. Se trata de otra cortina de humo ante el fracaso de su mal llamada estrategia de seguridad. El país está cada vez más lejos de la pacificación.
En la próxima Legislatura, López Obrador no contará con mayoría calificada. En caso de que decida presentar la iniciativa de reforma a la Constitución en un periodo extraordinario, los diputados federales la tendremos que analizar con mucho cuidado para saber si esto servirá para que el país recupere la paz y la seguridad o sólo se trata de echar a la Guardia Nacional al cesto de la basura de la historia.
No habrá los cheques en blanco que el presidente espera de San Lázaro.
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