Aunque las denuncias por actos de corrupción –en que han incurrido incluso la propia zarina anticorrupción Irma Sandoval, su esposo y su hermano–, están cayendo en cascada ante la opinión pública, el gobierno federal, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, tratan de ocultarlos, castigando a los denunciantes en lugar de a los nuevos delincuentes.

La madrugada de este martes, la Policía Ministerial detuvo a dos empresarios que acusaron abiertamente a la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, de haber participado en actos de extorsión para la entrega de contratos, y por la otra, a la exalcaldesa xalapeña Armida Ramírez Corral, quien habría actuado como intermediaria en el negocio, con consentimiento de la exolímpica sonorense.

De esa manera, el gobierno de la “transformación”, con apoyo de la Fiscalía General de Veracruz, deslindará de actos de corrupción a uno más de los integrantes de su gabinete ampliado y segura contendiente por el gobierno de Sonora el próximo año, aunque se lleve entre las patas a la expriista que actuó, aparentemente, como testaferro de la nulidad hecha dirigente del deplorte mexicano.

Y es que López Obrador ha decidido que, desde el 1 de diciembre de 2018, la corrupción desaparezca como delito entre sus colaboradores. Y vea usted por qué:

La antaño activa Auditoria Superior de la Federación (ASF), que puso en el ojo del huracán a los exgobernadores Javier y César Duarte, de Veracruz y Chihuahua, y que inició las investigaciones sobre la corrupción de la Sedesol y la Sedatu –que tienen en la cárcel a la villana favorita del Presidente–, hoy, bajo el mando de David Colmenares Páramo prácticamente ha desaparecido; de hecho, en el presente año, no ha enviado a la Fiscalía General de la República ningún expediente de corrupción en que hayan intervenido miembros de la denominada Cuarta Transformación.

El periodista Arturo Ángel, del portal Animal Político, puso la semana pasada el dedo sobre la llaga: “La presentación de denuncias penales por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de servidores públicos por el posible desvío o mal manejo de recursos del erario se ha desplomado a su nivel más bajo en los últimos 14 años, pese que el destino de miles de millones de pesos sigue sin esclarecerse”.

Invoca un informe de la propia ASF en que se revela que, del 1 de enero al 10 de julio de 2020, solo se formuló una denuncia ante el Ministerio Público Federal por el posible desvío de 500 millones de pesos, en 2016, contra la extinta Sagarpa.

“En contraste, por ejemplo, en el mismo periodo de 2013 ya eran 123 las denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público, mientras que en 2017 la cifra fue de 65 denuncias formuladas en ese mismo lapso de enero a julio”.

¿Cómo la ve? ¿Será verdad que estamos gobernados por una casta de funcionarios inmaculados, tanto en el gobierno federal como en los locales? Porque el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene la obligación de dar seguimiento a los recursos federales ejercidos por en los tres niveles de gobierno.

Arturo Ángel muestra el terrible precedente que sentará el actual gobierno federal en la detección de posibles quebrantos a la hacienda pública, ante la ausencia de denuncias contra posibles actos de corrupción:

“El hecho cobra relevancia porque el desfalco de recursos públicos federales producto de los malos manejos en el país es mayúsculo y persiste. Tan solo en lo que corresponde a la cuenta pública 2018, la última auditada en su totalidad, se identificaron más de 171 mil millones de pesos que no aparecen, pero hasta ahora solo hay una denuncia presentada por ese ejercicio”.

Y añade:

“A ello falta sumar las irregularidades que se han detectado en las auditorías practicadas en 2019, primer año del actual sexenio, cuyos resultados preliminares fueron pospuestos por la ASF debido a retrasos en la elaboración de los informes a causa de la contingencia sanitaria por COVID-19”.

¿La orden del presidente López Obrador a David Colmenares habrá sido que no integrara una sola carpeta de investigación por posibles actos de corrupción de integrantes de su gobierno para corroborar su dicho de que la corrupción ha terminado a partir de su unción como poder supremo de la nación?

Por Irma Eréndira Sandoval no necesita instrucciones, sabe muy bien su labor de tapadera, y para ello ha comenzado por su propia familia.

La Sedatu entretiene, mientras los invasores destruyen

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), está empecinado en reiniciar el reparto agrario, a costa de propietarios legítimos, defensores del medio ambiente y los recursos hidráulicos, y de las necesidades básicas de miles de veracruzanos.

Eso sucede en el caso del otorgamiento de la posesión de 2 mil hectáreas en el municipio de Coatepec, en la ladera del Parque Nacional Cofre de Perote, a un propietario falso, usado para entregar vertientes de agua y bosques irrecuperables cuando sean destruidos, a invasores de la CIOAC.

Mientras el ayuntamiento de Coatepec y el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez permanecen impávidos ante el despojo, los propietarios legales obligados a comparecer ante los funcionarios de la Sedatu, mientras siguen los trabajos de posesión y deslinde, observan cómo empiezan a ser desmontados sus terrenos, poniendo en riesgo los cuerpos de agua de la zona serrana del municipio de Coatepec.

No ha logrado medir el gobierno estatal los posibles efectos sociales de estas acciones emprendidas por el gobierno federal; la defensa del agua, unida a la defensa de los predios que están siendo amenazados, puede generar pronto un enfrentamiento que nadie podrá dimensionar por sus efectos desastrosos. Y puede prolongarse por años.

Una de las propietarias afectadas, ha publicado en redes sociales su desazón ante los graves hechos:

“Ayer, mientras nos encontrábamos atendiendo el llamado apócrifo e injustificado de la SEDATU en Roa Báarcenas, los invasores se metieron a MI PROPIEDAD a brechar e inclusive modificar linderos. No es posible que a los dueños el alcalde y compañía nos pidan discreción cuando los invasores, verdaderos delincuentes, se meten a nuestras propiedades a devastar el medio ambiente que tanto hemos cuidado y preservado.

“Nuestro predio no está abandonado, hemos formado parte del programa FIDECOAGUA desde su creación ya hace 18 años y de las 2 cascadas de la#Granadauna nos pertenece a nosotros y ahora estamos en riesgo de perderla, de perder este lugar magnífico que se ha compartido con todos los coatepecanos.

“No es justo que a estos invasores no se les detenga cuando desde hace año y medio han invadido, destruido y amenazado a nosotros los propietarios”.

El enojo y la impotencia de estos veracruzanos, desatendidos por los gobiernos estatal y federal, debe ser difundido por todos los medios y unirnos en su lucha contra la depredación que derivará de la medida publicada en el Diario Oficial de la Federación.

“La#SEDATUes cómplice y quiere legitimizar un robo a todos los ciudadanos queriendo proceder con el deslinde de las 2000 hectáreas cuando el documento en el que se basan ya fue comprobado que es FALSO. Esto tiene que parar en carácter de urgente pues la montaña de#Coatepecy su bosque proporcionan de agua a la región, este asunto es de todos. La montaña es de todos. Repito, no hay terrenos nacionales, no hay predios abandonados, estamos en#fidecoaguadesde hace más de 18 años, hemos dejado el bosque ser, sin talarlo ni traficar especies como ahora se está haciendo.”

El Movimiento por la Defensa de la Sierra relató lo ocurrido el lunes 20, cuando la Sedatu, pese a ser consciente de que el documento que dio entrada al procedimiento es falso, dijo que continuaría con sus labores, mientras que el alcalde coatepecano, Luis Enrique Fernández Peredo, està màs preocupado por los reclamos de sus representados que por resolver un problema social y ambiental:

“Las autoridades no tienen interés por atacar el problema medular de este conflicto: la falsificación de documentos y desalojar a los invasores. Los coatepecanos merecemos paz pues en paz vivimos, no es justo que seamos molestados por la Sedatu cuando las personas que están cometiendo delitos siguen libres, arriesgando nuestra integridad no solo por las fricciones que se puedan generar, sino también por contravenir a los protocolos de la nueva normalidad que se deben ejecutar.”

Las buenas finanzas rinden frutos

Este martes, las noticias financieras siguieron dando la nota buena al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, pese a que en lo político hay señalamientos muy duros por su omisión para intervenir en el caso de la invasión de terrenos de bosque mesófilo en el predio conocido como Jinicuil Manso, en Coatepec.

Y nuevamente es noticia el deleznable Javier Duarte de Ochoa, que se hinchó de dinero a costa de dejar deudas hasta debajo de las alfombras.

Ya hemos visto cómo, gracias al ejemplar manejo de los recursos por parte de José Luis Lima Franco, titular de Sefiplan, el Instituto de Pensiones ha estado siendo resarcido con los montos no transferidos desde dependencias y órganos autónomos, lo que convertía en inviable el futuro de las pensiones y jubilaciones de miles de trabajadores públicos.

Este martes, como parte de las acciones para sanear las finanzas públicas de Veracruz, con el apoyo del mandatario estatal, el respaldo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría de Hacienda, la Sefiplan hará frente al adeudo pendiente de la Contraloría General del Estado ante el SAT.

A más tardar el próximo 3 de agosto, se hará un pago único al SAT por 98 millones 174 mil 519 pesos por concepto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios, que fueron retenidos a miles de trabajadores públicos los meses de septiembre a diciembre de 2014, todo 2015 y todo 2016, pero que el gobierno de Duarte de Ochoa no entregó al gobierno federal.

El monto histórico era de 70 millones 247 mil 965 pesos, pero si se agregan los montos por actualización, multas y recargos, la deuda actualizada era de más de 108 millones, es decir, se logró una quita superior a los 10 millones de pesos.

Hay que recordar que ya se saldó la deuda histórica con la Universidad Veracruzana, hace unos días se firmó el convenio de reconocimiento de adeudo para regularizar las aportaciones de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado con el IPE por un monto superior a los 42.8 millones de pesos.

Frases sin disfraces

“Probablemente empeorará antes de mejorar. Algo que no me gusta decir, pero es así”. Presidente Donald Trump, sobre la pandemia en Estados Unidos.

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